El juzgado de lo Contencioso Administrativo N7 de València ha anulado la convocatoria y las bases del proceso de selección de quince plazas de agente de la Policía Local de Torrent por considerar contrario a derecho la reserva de tres puestos para mujeres. La magistrada se apoya en resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El caso atañe al decreto y el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Torrent, de noviembre de 2020, sobre las bases de la oposición a quince plazas de agente de Policía Local, incluidas en la oferta de empleo pública de 2017, 2018 y 2019. En ella se hace mención expresa a la reserva de tres puestos del turno libre para mujeres. Fue el Sindicato de Policías y Bomberos de la Comunitat Valenciana (SPPLB) quien presentó un contencioso administrativo contra la convocatoria, al considerar que las bases no se ajustan a la disposición séptima de la Ley 17/2017 de la Policía Local ni a las directivas y normas europeas. Tampoco estaba conforme el sindicato con el cálculo que determinaba la reserva de tres plazas para mujeres, ya que consideraba que se había aplicado el 30% sobre el total (15) y no sobre cada una de las ofertas anuales: dos para 2017 y tres para 2019, con lo que no se alcanzaría el uno, mientras que para la de 2018, sí habría una plaza para mujer al ofertarse un total de 5.

En este sentido, el SPPLB sostiene que la normativa contempla que, con independencia del resultado de las pruebas del proceso selectivo o del total de puntos obtenidos, aun con menor puntuación, “se adjudiquen plazas a favor de las mujeres, aunque otros aspirantes, hombres , hayan obtenido mayor puntuación total, si la diferencia en la puntuación es como máximo de un 15%, lo que resulta contrario a los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrent asegura que sus bases se ajustan a derecho ya que la reserva de plazas a mujeres “proviene de una norma de carácter general, de una Ley, no pudiendo el consistorio proceder a su incumplimiento”.

La magistrada analiza la Ley de la Generalitat de coordinación de la Policía Local y apunta que se “establece una reserva del 30% de las plazas para mujeres, aplicable únicamente a las plazas a las que se acceda por turno libre, y siempre que se convoquen más de tres plazas en dicho turno”. Además, la jueza también entra en diferentes sentencias a nivel europeo. Así, aprecia en el caso de Torrent que se trata de una situación “del propio puesto de trabajo, no a lo que se conocen como “condiciones laborales, lo que conlleva la necesidad de una aplicación rigurosa de la jurisprudencia descrita, resultando clara la conclusión del TSUE al determinar que no resulta conforme a la directiva 76/207CEE el método de selección que otorga preferencia a un candidato del sexo infrarrepresentado que tienes unos méritos inferiores a los candidato del sexo opuesto”.

Asimismo, insiste la sentencia, la adjudicación en la forma realizada por el Ayuntamiento de Torrent “supone una concesión automática e incondicional respecto a las candidatas femeninas de la plaza sin que se acredite que se ha producido apreciación objetiva alguna de las candidatas ni que se han tenido en cuenta situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos, tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo”.

Con todo ello, la jueza da la razón al SPPLB y anula las bases en el apartado en el que se reservan tres plazas para mujeres en el turno libre .

El ayuntamiento asumirá la sentencia

La concejala de Seguridad Ciudadana, Inma Amat, matizó que se trata de una cuestión del departamento de Personal pero avanzó que el consistorio asumirá la sentencia, modificando las bases.

Por su parte, el Partido Popular ha criticado que esta sentencia "es una muestra más de la nefasta gestión socialista de todo lo relacionado con la Seguridad Ciudadana en Torrent". El concejal popular Nacho Carratalá ha subrayado la "importancia" y el "alcance" de esta sentencia “se demuestra una vez más que la Ley de Coordinación de Policías Locales no se ocupa de los problemas reales de la policía, hay más postureo y propaganda que gestión policial real” 

Carratalá ha anunciado que solicitará a la Junta de Gobierno la retirada de las bases y un replanteamiento general de la oferta de empleo público de Agentes de Policía Local