El Ayuntamiento de Paiporta está en el punto de mira del Síndic de Greuges a raíz de dos quejas, que no han sido contestadas, lo que ha motivado resoluciones en contra de la institución local, según denuncia el grupo municipal Partido Popular.
Una de ellas hace referencia a la queja que planteó un oficial de la Policía Local sobre una agente, presuntamente por desobedecer varias órdenes de trabajo en octubre de 2020 y no encontrar respuesta en el nuevo Intendente y ni en el concejal responsable de la Policía de Paiporta.
Para la portavoz popular Chelo Lisarde, «esta es la forma de gobernar de Compromís y PSOE, de tratar a los trabajadores y de resolver los conflictos internos que pueden surgir, saltándose la ley impunemente y tratando de que cualquier denuncia que no les interese caiga en el olvido por puro aburrimiento». La edila también critica que «el talante democrático de Isabel Martín (exalcaldesa de Compromís) y de Maribel Albalat (actual mandataria) ha quedado en entredicho».
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Vicent Císcar, indica que el asunto, en su opinión, «se debe a un caso claro de malas relaciones personales de un oficial y una agente» que habría llevado al primero a tramitar diversas quejas sobre ella al Intendente. «Lo que no es cierto es que no hayamos atendido sus escritos. En todos los casos, se han tramitado y se han mantenido reuniones del Intendente con él o con ambos, tratando de mediar, y así lo comunicaremos al Síndic de Greuges», añade el edil. En concreto, sobre la primera queja que el oficial planteó sobre que la agente, «lo que ocurrió es que dejó de ir a un servicio de control de acceso en un centro escolar a la hora de la entrada para atender a una víctima de violencia machista, ya que es la responsable de Viogen, un cambio que, según entendió después el Intendente, estaba más que justificado», indica.
El otro asunto que ha tramitado el Síndic es de un vecino de Paiporta que reclama una indemnización por daños sobre su coche, al que le cayó una señal de tráfico hace más de un año y el consistorio no ha contestado a los requerimientos. Lisarde critica que el ejecutivo de Compromís y PSOE «ningunee a sus vecinos no haciendo ni caso a una reclamación legítima».