En Alameda Calicanto, una urbanización de chalés que son pedanía de Godelleta, la mitad de los residentes tienen internet y la otra mitad no. Los que disfrutan de la fibra conexión piden abonar 300 euros a los que quieran tenerla, ya que la infraestructura inicial para que llegar el ADSL a la urbanización fue costeada por los propios vecinos. Los que participaron en el pago de esa línea ADSL mantienen la exigencia del pago pese a que ahora la conexión es a través de fibra óptica, que instala cada compañía telefónica.
El conflicto es tan enrevesado que el Ayuntamiento de Godelleta aprobó la creación de una comisión de investigación para dilucidar esta situación: fue impulsada por el concejal de Ciudadanos, Juan Carlos Fayos, que reside en esta urbanización, y apoyada por EUPV y PSOE. En contra, el PP, partido que gobierna, y PUG, agrupación local cuyo concejal también reside en esta zona.
Carlos Cobo, tesorero de la Asociación Solo Cable y Fibra, explica que se creó la plataforma para poder tramitar la conexión a internet. «Compramos las casas en 2004 pero no había conexión web. El ayuntamiento nos dijo que eso era privado y no tenía nada que ver y Telefónica que la única solución era llevar la conexión del poste de la carretera de Godelleta a la urbanización». Dado que nadie les subvencionó la obra, decidieron llevarla a cabo ellos mismos «con todos los permisos» con un coste de 22.000 euros que financiaron una treintena de vecinos de los 66 residentes que había. Cada uno abonó alrededor de 600 euros, una cantidad que no todos los vecinos podían pagar, así que muchos se quedaron con el sistema de conexión antiguo vía satélite.
Hace un par de años, cuando la fibra óptica reemplazó a la ADSL, los vecinos que no disponían de conexión exigieron tener acceso, pero les fue denegado y, de nuevo, les pedían la cantidad de 300 euros para poder disfrutar de internet. «Ya no tiene sentido porque la instalación de la fibra corre a cuenta de las empresas telefónicas, no lo han costeado ellos, por lo que la cuantía que exigen es un peaje», explica Juan Carlos Fayos. Además, recuerda que aunque la fibra se conecte originalmente a la infraestructura donde en un inicio se estableció el ADSL, esa caseta «es del ayuntamiento, igual que las canalizaciones por donde discurre el cableado», recuerda.
Fayos asegura que en la comisión de investigación municipal que él mismo impulsó, no existe la documentación donde se certifica que el ayuntamiento cede la infraestructura. «Solo permite acceder a la canalización existente, y eso no coincide con lo que dice la asociación», apunta el concejal Fayos.
La asociación ha demandado a tres residentes que se han conectado a la red con fibra óptica «por la fuerza», según la asociación, ya que no cuentan con su permiso. Consideran que están utilizando la instalación que ellos levantaron «sin abonar lo que costó», pese a que los vecinos aseguran que ellos pagan su fibra óptica que discurre por la canalización municipal y se conecta en la caseta que los vecinos costearon pero que según Fayos es del ayuntamiento. «Ni siquiera me niego a pagar lo que piden, pero quiero una factura», asegura uno de los vecinos demandados.
