Cómo abordar los flujos migratorios es ya uno de los debates políticos más candentes de nuestro tiempo. Fue uno de los ejes de la campaña electoral del presidente de EE UU, Donald Trump, en las elecciones legislativas del mes pasado y sin duda estará presente en la campaña para las elecciones locales, autonómicas y europeas de mayo de 2019 en España y en todo el continente. En este contexto, la ciudad marroquí de Marrakech acoge desde mañana una cumbre internacional para rubricar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. El acuerdo, suscrito el pasado julio por 192 de los 193 Estados miembro de la ONU -con la única excepción entonces de EE UU-,aborda por qué las personas migran, cómo protegerlas, cómo integrarlas en nuevos países y cómo devolverlas a sus hogares de forma segura.

Alrededor de 250 millones de personas en todo el mundo son inmigrantes, según datos recogidos por la ONU, o lo que es lo mismo, un 3,4 % de la población mundial. La persistencia de conflictos armados, los efectos del cambio climático y la desertificación en zonas con población muy joven -como el Sahel-, así como las crecientes desigualdades económicas van a contribuir a que los movimientos migratorios aumenten a lo largo de este siglo XXI. De ahí la importancia de este acuerdo internacional.

Sin embargo, para algunos países el contenido del mismo supone una injerencia en cuestiones de soberanía nacional. Así, han seguido a EE UU en su negativa a suscribirlo países como Italia, Hungría, Austria, Bulgaria, Israel, Polonia, República Checa o Australia.

Este acuerdo internacional empezó a fraguarse hace tres años, después de que las costuras de Europa se rasgaran a raíz de la crisis migratoria de 2015, que registró la mayor afluencia de refugiados y migrantes desde la II Guerra Mundial y que acabó siendo instrumentalizada por movimientos xenófobos que han acabado marcando la agenda en países como Italia o Alemania. Desde 2015, la postura general de Europa con respecto a la migración se ha ido endureciendo al tiempo que partidos de tendencia ultra han ido ganando peso electoral y social.

La obsesión de Europa por fortificarse y evitar la llegada masiva de inmigrantes se materializa en la construcción de cerca de 1.000 kilómetros de barreras, físicas y virtuales. Casi tres décadas después de que cayera el Muro de Berlín, el Viejo Continente parece más decidido que nunca a blindar su territorio soberano. Un reciente informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, copublicado por el Transnational Institute (TNI) y la campaña holandesa contra el control de armas Stop Wapenhandel constata que «estados miembros de la UE y el Espacio Schengen han construido cerca de 1.000 km de muros, el equivalente a seis Muros de Berlín, desde los años 90, para frenar la llegada de personas desplazadas por la fuerza a Europa».

El análisis destaca que Europa ha pasado de tener dos muros en la década de los 90 a una quincena registrados el año pasado. Y destaca el año 2015 como la clave para entender esta escalada en la estrategia de blindaje del continente. Solo en ese año fueron erigidas siete nuevas barreras.

De esta manera, 10 de los 28 Estados miembro de la UE -España, Grecia, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, el Reino Unido, Letonia, Estonia y Lituania-, han levantado barreras en sus fronteras por razones migratorias, así como también lo ha hecho Noruega (perteneciente al Espacio Schengen).

Ainhoa Ruiz, responde a Levante-EMV, que este afán constructor de muros facilita que la UE se dirija hacia la «externalización» es decir, «que sean terceros países los que gestionen e intercepten los movimientos migratorios en origen». Sin embargo, lamenta, «esto no se hace desarrollando políticas que incentiven la emancipación económica de estos países o que cuestionen el militarismo y la entrada de armas en ciertas regiones. Lo que propone mayoritariamente la UE es hacer CIES en suelo de terceros países», sostiene. Una propuesta que, sin embargo, se está topando con la negativa de países como Marruecos, Argelia o Túnez. En todo caso, subraya la investigadora, «prima una perspectiva de contención y coerción».

A estos muros terrestres que fortifican Europa, habría que sumarle las barreras marítimas, particularmente en el mar Mediterráneo. El informe evidencia que de las 8 principales operaciones navales en el Mediterráneo central en los últimos años, únicamente una, la Mare Nostrum, llevaba a cabo por el Gobierno italiano del socialista Enrico Letta llegó a incluir a organizaciones humanitarias hasta que fue reemplazada por el operativo Tritón de Frontex. La actual Operación Sofía termina su mandato el 31 de diciembre y la negativa del actual Ejecutivo italiano a permitir el desembarco de inmigrantes rescatados amenaza su continuidad.

«Ninguna de las principales operaciones europeas en el Mediterráneo ha tenido como mandato principal el rescate de personas. Todas las operaciones siguen el objetivo de erradicar la criminalidad en las zonas fronterizas y frenar la llegada de personas desplazadas», afirma Ruiz, que añade, «este tipo de medidas alimentan que se trate a las personas refugiadas y desplazadas como criminales».

El catálogo de la ultraprotección de un continente convertido en fortaleza lo completa el aumento de los programas europeos de control y vigilancia de la circulación de personas, y de recogida y análisis de datos biométricos (huellas dactilares, escáner del iris, rasgos del rostro o la voz, entre otros), que representan los «muros virtuales» analizados en el informe. «Estas medidas han aumentado la sociedad del control y la vigilancia a la vez que han securitizado el movimiento de las personas, que se concibe como una amenaza», dice la investigadora.

Este esfuerzo logístico, político y policial que se ha ido creando en los últimos años está favoreciendo el último muro, acaso el más sibilino, el que se forma en las mentes. Así, el informe finalmente analiza de qué manera los muros mentales que han sido creados a partir de una narrativa del miedo al extranjero están siendo explotados por toda suerte de movimientos xenófobos a lo largo y ancho de Europa, que señalan sin tregua a los inmigrantes como amenazas para el bienestar de las sociedades occidentales.

Según muestra el estudio, 10 de los 28 estados de la UE -Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia y Suecia-, tienen partidos racistas con presencia parlamentaria importante. España, que se había mantenido alejada de esta tendencia, ya no es inmune a este virus desde las elecciones andaluzas del pasado domingo, en los que la formación ultra Vox logró 12 diputados con su discurso antiinmigración. «Hay que lanzar un grito de alerta cuando se abusa del discurso del miedo», dice Ruiz. «Y hay que confrontarlo», sentencia.