El gobierno municipal planteará en el próximo pleno de Sagunt la concesión a Lafarge de un plazo de 15 días para que la empresa demuestre que cumple su parte del polémico convenio suscrito con el ayuntamiento hace poco más de tres años.
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El interés del tripartito se centra en la adquisición de las parcelas privadas que deben ser cedidas al consistorio con el objetivo de ampliar el paraje de Romeu; la restauración de la cantera del Salt del Llop y la aportación a la mejora social, cultural, económica y ambiental de Sagunt, mediante contribuciones de 10 céntimos por cada metro cúbico extraído de la cantera.
Según el expediente instruido desde hace más de tres meses por el departamento de Urbanismo, al que ha tenido acceso Levante-EMV, este ultimátum tiene tres posibles soluciones: que Lafarge no facilite la información, con lo que el convenio se resolvería «ante la inutilidad de este instrumento como herramienta para alcanzar los fines públicos pretendidos por el mismo»; que la documentación demuestre el cumplimiento por parte de la empresa, con lo que «se seguiría con la gestión ordinaria del convenio»; o que se acredite que la cementera no atiende sus obligaciones, cuyas consecuencias serían «proporcionales al grado de incumplimiento».
En la resolución que se llevará a pleno, el jefe municipal de Urbanismo considera «inaceptable» la negativa de la empresa a facilitar esa información, que se reclamó en junio a través de un requerimiento que un mes después fue respondido por Lafarge, alegando que el escrito no estaba dictado por el órgano competente y por lo tanto era nulo de pleno derecho.
Un «absurdo»
El ayuntamiento considera que la empresa invoca «una vez más» normativa incorrecta, además de señalar como «un absurdo» que se reclame un expediente individualizado para pedir información sobre el cumplimiento del convenio.
Además de justificar el interés municipal sobre este punto, al afectar «a extremos de interés general», el jefe de Urbanismo lanza un mensaje a los partidos con representación municipal: «No es posible un actitud de simple bloqueo o negativa a que la administración desarrolle sus mecanismos de reacción o de exigencia. Extremo que se destaca a efectos de que quede constancia de las implicaciones jurídicas que conllevaría una conducta de dejación de funciones inexcusables en caso de que se bloqueen la toma de acuerdos encaminados a la defensa, mejora e incremento de los bienes municipales».