La Guardia Civil y la Policía Local de Gilet tuvieron que intervenir ayer en la calle Pujà a L' Ermita ante la negativa de una vecina a que Seasa, empresa que gestiona el agua en esta localidad, arreglara la fuga de una tubería que abastece a una única casa y que no es la suya.
Relacionadas
Según la vecina, su negativa respondía a una acción de protesta y a una llamada de atención ante «la vulneración de derechos que ha estado padeciendo durante la última década», ya que, tal y como ella afirma, esta tubería pasa por su propiedad, impidiéndole hacer uso de unos 150 metros de su terreno. A esto se suman «las continuas filtraciones» que, según dice, presenta esta canalización de agua «y que se traducen en humedades» en su casa.
La negativa a que Seasa entrara en su propiedad para comprobar el origen de una fuga originó un aviso del ayuntamiento a los propietarios de que se personaría la Guardia Civil y la Policía Local para facilitar el trabajo de la empresa. Y así ocurrió ayer.
Pese a las protestas de la propietaria en el momento de la llegada de la Benemérita y a ciertos momentos de tensión, la empresa finalmente pudo comenzar con la reparación de la canalización e incluso ya la está trasladando al lado contrario con la finalidad de que ni el trazado de la misma ni futuros problemas de filtraciones puedan perjudicar a esta familia, que aún así sigue reclamando soluciones al consistorio respecto a lo que ella considera que ha sido «apropiación indebida» de sus terrenos.
Sin embargo, la versión de la administración local es bien distinta. Según ha explicado el alcalde, Salva Costa, a preguntas de Levante-EMV, esos terrenos son propiedad municipal, ya que forman parte de la cesión que por ley deben hacer los propietarios en las obras de urbanización para viales, obras que nunca se llevaron a cabo, lo que generó un requerimiento por parte de la alcaldía en 2009, que ostentaba la socialista Inma Borell. Finalmente, el expediente acabó en un contencioso administrativo que dio la razón al ayuntamiento.
En este requerimiento, al que ha tenido acceso este rotativo, y que se inició tras la solicitud de la licencia de obras, se exponen los motivos por lo que se incoó un expediente. Entre éstos destaca que «no se aportó la fianza para garantizar las obras de urbanización» y que «no se ha cumplido con el deber de urbanizar», además de carecer de licencia de ocupación al caducarse la licencia de obra tras no ejecutar los requisitos que conllevaban calzada, aceras, encintados y todas las infraestructuras necesarias; actuaciones que se llegaron a valorar en 1.520.000 pesetas y que están por desarrollar.
El mismo informe recoge que tampoco se presentaron alegaciones a esta resolución por parte de los afectados; un escrito que, según el mismo expediente, no fue recepcionado por los vecinos pese a su remisión en tres ocasiones por parte del ayuntamiento.
En cuanto a los terrenos, la afectada explicaba a este periódico que no los cedió para viales porque entendió que ya estaban hechos; «hemos pasado del camí de la ermita a la calle Pujà a L' ermita, se entiende que el camino ya está hecho. Si se hubieran necesitado más metros cuadrados, lo normal es que nos los hubieran expropiado», aseguró la vecina que les dijo su abogado.
Por otra parte, ésta también denuncia un agravio comparativo respecto a su vecino, ya que «a la casa que tenemos al lado no se le ha exigido nada de esto, por lo que no entendemos por qué a nosotros sí», decía.
La negativa a realizar estas actuaciones urbanísticas que les exige el ayuntamiento ha llevado a esta familia a carecer de cédula de habitabilidad para su casa, por lo que se encuentran en una situación irregular que los afectados reconocen.