El Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer lleva desde julio calculando la cuantía exacta que debe devolver a las arcas municipales el tránsfuga socialista del pasado mandato, Carlos García Mingarro. La sentencia firma conocida este verano dictaba que el exedil socialista que apoyó al gobierno popular no debía haber cobrado más que sus compañeros del PSPV en la oposición y que, por tanto, debía devolver todo ese dinero que percibió de más por haber sido delegado de Deportes y Medio Ambiente con dedicación exclusiva.
Cerca de cuatro años estuvo García Mingarro percibiendo unas cantidades que ahora tendrá que devolver y tres meses lleva el interventor de Canet con el equipo técnico municipal trabajando en la cuadratura de las cantidades que debe abonar el condenado. Desde la oposición, el portavoz de Compromís, Ximo Pons, empieza a impacientarse ante la falta de noticias: «Desde julio se conoce la sentencia y aquí parece que el ayuntamiento está paralizado, hace más de un mes presentamos por escrito la pregunta de a cuánto asciende lo que debe pagar Mingarro y todavía no nos han contestado nada».
El gobierno del PP defendió la inocencia de García Mingarro desde el primer momento, cuando el grupo socialista denunció los hechos y siempre ha sostenido que lo cobrado por el tránsfuga era correcto, incluso poniendo a disposición del acusado los recursos legales municipales. Ahora bien, una vez conocida la sentencia, el alcalde de Canet, Leandro Benito, señala sobre la demora para concretar la cuantía que «el interventor trabaja en ello desde julio y ha habido vacaciones de por medio. También nos hemos quedado recientemente sin secretario municipal y estamos esperando que nos manden a otro». Desde la alcaldía no se entiende que el tiempo en responder esté siendo excesivo, algo que sí consideran desde la oposición.
Ejecución de sentencia
Además del interventor, los servicios externos contratados por el ayuntamiento para la confección de las nóminas también deben ayudar a arrojar luz sobre los cálculos, según señala el alcalde sobre un asunto que va camino de convertirse en el cuento de nunca acabar. Una vez conocida la cifra, «deberemos transmitírsela al juzgado para que valore si se ajusta a la realidad y, a partir de ahí, debe pedirse al ejecución», indica Benito.
Por lo que se refiere a la cifra, desde la oposición estiman que «no sobrepasará los 80.000 euros», según Pons, aunque otras fuentes, apuntan que la cantidad podría bajar a los 60.000 euros.