Ni el terremoto provocado por el anuncio de la futura implantación de Volkswagen ha despejado todos los nubarrones que se ciernen sobre la desalinizadora de Sagunt. Con la polémica sobre su millonaria amortización ya en los tribunales, después de la demanda presentada por Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) contra el ayuntamiento, desde el consistorio se asume que no se podrá deshacer del convenio firmado entre ambos en 2007 y que cargaba a las arcas municipales con todos los gastos en el caso de que, como lleva ocurriendo desde su finalización en 2015, no haya otros clientes para hacerse cargo.
Pero más allá de los «pocos visos» de éxito con la opción de denunciar aquel acuerdo, «aunque contenga cláusulas abusivas y algunas lagunas», el ayuntamiento tampoco confía en que los tribunales le den la razón, así que la solución pasa «por la negociación».
Así lo reconoce en palabras a Levante-EMV el concejal de Aguas de Sagunt, Pepe Gil, quien añade que en los contactos más recientes entre consistorio y Acuamed, la única concesión que ha hecho el organismo estatal es abrir la puerta a ampliar el periodo de vigencia del convenio hasta 40 o incluso 50 años, cuando ahora se contempla la amortización en 25, con obligaciones municipales que oscilan entre los 1,5 y los 2,5 millones al año.
En cualquier caso, el edil de Compromís señala que la solución definitiva debe llegar de la mano de «Parc Sagunt o la Confederación Hidrográfica del Júcar».
En esta postura de repartir los gastos de la desalinizadora entre todos los que, de una u otra forma, se beneficiarían al liberar otras concesiones que tiene Sagunt la comparte el ayuntamiento con los vecinos, que fueron, a través de la asociación de La Forja, los que obligaron a convocar la comisión de Aguas esta semana con el objetivo de actualizar la información entorno a varias cuestiones.
Desde este colectivo, su presidente Ricardo Fernández señala que «no nos negamos a que la planta se ponga en marcha, si el agua que venga no la tenemos que pagar nosotros solos», decía en referencia a los vecinos de Sagunt. Más allá de esa cuestión, uno de los puntos sobre los que incidió Fernández en esa última comisión es en «el seguimiento que se hizo en su momento de las obras. Deberían existir actas de comprobación por parte de técnicos municipales, lo que nos permitiría saber el motivo de los sobrecostes. De no haberse producido esta supervisión -según planteó el presidente de la asociación de vecinos La Forja-, creemos que el ayuntamiento hizo dejación de sus obligaciones».
Ningún control
A este respecto, Pepe Gil apunta que «hasta donde nosotros sabemos, la obra todavía no está recepcionada y tampoco tenemos constancia de ningún control durante la fase de construcción o de una justificación por el incremento de costes con respecto a las previsiones iniciales».
Desde la oposición, mientras, Sergio Muniesa (PP) lamenta que siga sin darse solución a la «gran chapuza» de la desalinizadora. Según el portavoz popular, «lo que hay que hacer es obligar al agente urbanizador de Parc Sagunt II -que es la sociedad Espais Econòmics Empresarials constituida a partes iguales por la Generalitat y el Estado- a que asuma la producción y amortización de la planta y que nos elimine a nosotros como usuarios. Es la forma más fácil -añade el concejal del PP- de quitarnos de encima esta espada de Damocles».