El señor arzobispo de Valencia, don Agustín García Gascó, ha desplegado su magisterio en torno a cómo se fomenta la libertad y cómo se promueve la igualdad; todo ello suscitado por la lectura del anteproyecto de la LOE. Europa Press realizó una amplia síntesis de ese momento doctrinal y Levante-EMV nos la ha transmitido (1-8-2005). Si me he decidido a hacer alguna consideración, clara y precisa, tal como requiere el mes de agosto y la paciencia del lector playero, es porque, hablando de educación, se me ocurren otras formas y disposiciones para promover la igualdad que aquellas que preocupan al señor arzobispo: las asociadas «al reparto de las subvenciones estatales de tal manera que los padres sean verdaderamente libres».

Mi primera consideración es clara: No me gusta la LOE (verdadero documento de mínimos) porque es manifiestamente mejorable si lo que se pretende es llegar a ofrecer garantías de formación a todos y no sólo de escolarización. Dicho de otra forma, los centros privados no precisan una nueva ley orgánica de educación, pues disponen de medios y de capacidad de organización para seleccionar sus alumnos y profesores buscando la excelencia o lo que deseen. Los centros concertados tampoco precisan una nueva ley de educación: vienen disfrutando del dinero estatal que precisan, de una capacidad de organización total y de una complicidad de la Administración educativa para, de hecho, seleccionar a sus alumnos y desarrollar la política que hayan recogido en sus proyectos de centro. Solamente precisan una ley los centros públicos porque, dentro de la actual configuración de la enseñanza primaria y secundaria, no pueden seguir siendo el aliviadero y sumidero que precisan los centros concertados para su plácido y tranquilo día a día.

En segundo lugar, el anteproyecto de la LOE, al exponer los principios que regulan esta nueva ley, nos dice, al comentar el segundo de los principios que la articulan: «La Ley Orgánica del Derecho a la Educación [LODE] dispuso un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación [?] Ese modelo [?] ha venido funcionando satisfactoriamente, en líneas generales, aunque con el paso del tiempo se han manifestado nuevas necesidades. Una de ellas se refiere al reparto equitativo del alumnado entre los distintos centros docentes.» El peso de la afirmación principal «ha venido funcionando satisfactoriamente» no se ve atenuado por la subordinada dado que, a su vez, sólo se habla de «reparto equitativo de alumnado» (¡reparto que siempre se supo que no sería equitativo!). El siguiente párrafo ya se pronuncia por el carácter «complementario de ambas redes» y por «una escolarización sin exclusiones». Así pues, garantizada la persistencia de este modelo en la LOE, ¿qué tiene de extraño que el gobernante pretenda salir al paso de algo que ya se ha impuesto y que todo el mundo sabe que se ha impuesto en los ambientes urbanos: perfiles de centros y redes escolares distintas? El señor arzobispo está preocupado por «la articulación de la libertad y la igualdad con la participación de los padres». Siendo esto así, ¿por qué ha perdido la oportunidad de denunciar esta dualización de redes que ha sido destacada en varios informes producidos por el Centro Nacional de Calidad y Evaluación en la última década, donde, por ejemplo, se destaca que la proporción de alumnos que cursaban programas de diversificación curricular en el segundo ciclo de ESO era tres veces mayor en los centros públicos que en los privados? Los hechos, los estudios y las informaciones diarias han mostrado ante todos que la generalidad de los centros concertados y de las autoridades que los gobiernan han tolerado y favorecido el mayor espectáculo de insolidaridad; según informe del Defensor del Pueblo, en el caso de los africanos, el 88,6% es acogido por escuelas públicas. Estando preocupado por el «bien común y la calidad de la democracia», ¿no debe preocuparse por esta dualización de redes y de centros?

En tercer lugar, determinadas apelaciones a la «libertad» recuerdan inevitablemente la doctrina de la Conferencia Episcopal con motivo de los Pactos de la Moncloa a la altura del 23 de noviembre de 1979: «No concebir un estado democrático moderno que actúe, de hecho, como una empresa monopolística promotora de centros de enseñanza, decidida a eliminar, por fuerza de la competencia y con los recursos de todos los ciudadanos, los centros promovidos por la iniciativa de los grupos sociales.» Primero se favorece de hecho la creación de redes alternativas; luego se apela a la demanda social como factor primordial de la programación de plazas escolares, y, finalmente, se acaba pidiendo que todo siga igual. Sería de desear que pidieran clara y directamente por ley la extinción de los centros públicos urbanos; los rurales ni les interesan ni les preocupan. En ese momento la máscara se vendría al suelo y todos tendrían ante sí los verdaderos intereses que guían esas extrañas apelaciones a la libertad.

En el momento presente no cabe que el magisterio ignore determinados aspectos del problema educativo y que ampare de hecho que la obtención de mejores rendimientos escolares justifique la segregación sin más; no es legítimo que no se cuestione los costes sociales de esa segregación ni los valores que esa segregación ampara. La misma clase media que ha sido educada en los centros públicos los cubre de desconfianza y favorece la reivindicación de la elección de centro sin urgir a la vez ni la extensión de la oferta pública ni el control de calidad de esa oferta. Debe denunciarse que sobre el principio de la elección de centro por parte de los padres, tan claramente defendido por el señor arzobispo, se articula un dispositivo de autoselección que, a su vez, le ha permitido al gobernante desprenderse de centros, de grupos, de fases incluso del sistema educativo (¡el PSOE dejó la Conselleria de Educación con 5.177 aulas concertadas y en el 2004 ya eran 8.093!). El crecimiento de la demanda del sistema privado de educación ha adquirido aspecto de inundación en la misma medida en que el sistema público se ha quedado sin protección, cargado de problemas; sus profesores viven una aguda contradicción entre una determinada concepción ilustrada de la formación y la concepción de la educación que demanda y protege esta dualización de centros; por otra parte, las instalaciones y el sistema se hunden en la necesidad, y, a la vez, el sistema público de educación se configura como la estación término de los hijos de los grupos sociales en los que es más sensible la desigualdad social y sus consecuencias. Siendo ésta la situación, la pena, señor arzobispo, es que el anteproyecto de la LOE haya buscado en exceso con su texto un pacto que ustedes nunca le darán.