Los datos dados a conocer ayer por el Banco de España sobre la deuda española abundan en varios parámetros conocidos. El primero es que desde el año 1995, el endeudamiento de las comunidades autónomas no ha cesado de crecer, batiendo en cada ejercicio marcas históricas, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años. El segundo es que la Comunitat Valenciana continúa situada en el pelotón de los torpes, pues el volumen de su deuda (20.547 millones sin contabilizar la de las empresas públicas) la mantiene como líder en endeudamiento en función de la riqueza que genera (PIB regional) y la segunda en valores absolutos, sólo superada por Cataluña (38.530 millones) y seguida de Madrid (14.798 millones). Y el tercero es que en los seis primeros meses de 2011 —el período que acota el Banco de España— la deuda de las administraciones públicas españolas significaba el 65,2% del PIB, con lo que en un año aumentó ocho puntos porcentuales. Es decir, cinco puntos por encima del límite fijado por el Pacto de Estabilidad de la UE (60%). En cualquier caso, los créditos del conjunto de las autonomías han crecido un 23,5%, lo que enciende todas las alarmas en una situación de caída de los ingresos y de morosidad creciente de los gobiernos regionales, magnitudes que dañan de manera directa al tejido empresarial. Lejos quedan los tiempos en que los gestores de la Generalitat hablaban de «deuda productiva». Más bien se ha convertido en un pesado lastre para recobrar la senda perdida de la dinamización económica.
