Al contrario de lo que discutirá el equipo legal de Rita Barberá, sobre el carácter público o no de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, no es matería de esta reflexión poner en duda la condición privada de Ribera Salud. La cuestión es analizar la ejecutoria de la Generalitat Valenciana (GV) respecto a ella. El debate sanitario gestión privada vs. gestión pública tiene su origen en la Comunitat Valenciana (CV) y es legítimo siempre que no tenga ambigüedades. Desgraciadamente, lo ocurrido esta última semana despierta algo más que simples inquietudes sobre el futuro de nuestra sanidad pública. Pongamos los antecedentes antes de comentar dos hechos recientes relacionados con Ribera Salud y la GV.

Han pasado más de tres lustros desde que Adeslas (curiosamente hoy formando parte de la estructura de La Caixa) en plan experimental, impulsara lo que ahora conocemos como Ribera Salud, lanzándose a construir y gestionar en Alzira un hospital público a cambio de una cuota por habitante asignado (cápita) que abonaría la GV. Ya entonces, los números no se hicieron bien y en 2003 se pidió el auxilio de la GV. Es sabido que en el binomio público/privado, cuando el segundo término falla, siempre se acude al primero en busca de ayuda. Aunque ya eran tiempos en los que la deuda empezaba a rugir en la GV, ésta volvió a sacar a concurso la gestión privada del hospital. La misma concesionaria se hizo cargo en condiciones más favorables: por un lado un aumento considerable de la cápita y por otro la inclusión en el acuerdo de la asistencia primaria, un filtro de control de mayores gastos propios de la medicina especializada y hospitalaria.

Con Alzira de banco de pruebas y con las cajas valencianas actuando con comodidad como brazos clientelares del PP, las hoy extintas Bancaja y CAM consolidaron al 50 % el Grupo Ribera Salud. Este entraría como socio en distintas operaciones público/privadas impulsadas por el argumento que ante los costes sanitarios se imponía la necesidad de privatizar algo más que la mera gestión.

Hoy, muchas cosas han cambiado, la GV no puede hacer frente a sus compromisos, los anteriores dueños de Ribera Salud han desaparecido y las decisiones de éstos (BFA/Bankia y Banco Sabadell) se toman en sedes alejadas de la CV. Desde hace más de un año, los nuevos dueños tratan de vender la empresa. Dos razones explican las dificultades para desembarazarse de ella: a) su principal cliente, la GV no paga a tiempo, consecuencia de la deuda que arrastra; b) la planificación financiera salió de las mismas brillantes cabezas que llevaron a nuestras cajas al desastre. Ni sabían, ni debían, pero se lo indicaron sus mandos políticos. Así no se planifican empresas sostenibles. Los economistas que fueron incompetentes a la hora de diseñar productos financieros (preferentes, subordinadas, etcétera) no podían ser mejores al moverse en el proceloso mundo de estas privatizaciones con hilo directo con la GV.

Vayamos con lo ocurrido la semana pasada. Como ya adelantó el pasado 6 de mayo Levante-EMV, la Conselleria de Sanidad fijó para 2013 en 660 euros por habitante la citada cápita; 20 euros más que en la revisión precedente. La medida, ajustada a derecho a la luz del correspondiente convenio, supone que en 2013, en contra de lo que sucede en otros ámbitos de la GV, se ha actualizado el importe en función de la variación del IPC. Esta diferencia de tratamiento entre lo público y lo privado se ha explicado diciendo que la situación económica es compleja, tanto para las concesionarias como para la Administración. Los equilibrios se rompieron cuando desde la conselleria se apuntó sin el menor sonrojo que se busca «un punto intermedio entre el margen en la gestión que permita un ahorro para la Administración, que sería la forma de buscar la eficiencia, y un beneficio para las gestoras». Por si hubiera dudas acerca de la decisión, además de la subida de la cápita se ha planteado una revisión de la cartera de servicios. Sanidad resuelve la discusión diciendo que, en ocasiones, los centros de gestión privada han incluido unidades de referencia u otras prestaciones que también se encontraban en hospitales públicos cercanos. Entenderán la duda: ¿pública o privada?

El segundo acontecimiento, con Ribera Salud como referencia, reside en que el presidente de la GV y el conseller de Sanidad se han reunido con responsables de la norteamericana Centene, que se autodefine como «líder» en el sector sanitario «orientado a la población con menores ingresos» (sic). Su base de pacientes: 2,6 millones, una cifra del orden de la que gestionará Ribera Salud cuando se la añadan las presuntas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.

Frente a la necesidad, ahora ya imperiosa, de Bankia de desprenderse de su 50 % de Ribera Salud, para conseguir liquidez, la visita de Centene a su cliente GV era obligada. La reacción de ésta „«ningún problema, pero nos gustaría que mantuvieran su sede en la CV»„ tuvo por parte de Centene una respuesta positiva, análoga por cierto a la dada en su día por Bankia cuando Bancaja desapareció y que ahora sabemos fue un brindis al sol, hoy inevitablemente incumplido. Otra de las cuestiones que se trató fue la opción de que los americanos sean los socios de referencia de un grupo empresarial local, que al parecer necesita tanto el paraguas de la GV, como el dinero de los fondos de inversión, esto es, un cero a la izquierda a efectos de gestión sanitaria. Vuelve la pregunta: Ribera Salud, ¿privada o pública?

Hay que hacer un esfuerzo para evitar una radicalidad excesiva en la discusión público/privado, sin embargo en necesario exigir que se juegue limpio y saber a qué lado de la mesa se sienta nuestra salud. Aceptada la nueva cápita esperemos que los americanos no sean un eslabón más para entrar en un negocio con ventas aseguradas, sea cual sea la evolución de la coyuntura económica. Si las cosas fueran mal, la responsabilidad subsidiaria corre a cuenta de la GV que, no sabemos cómo, tendría que acudir al socorro de los enfermos.

En tiempos de crisis, al menos

claridad.