Una autonomía insostenible

Existen pocas dudas internas respecto a la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. El dinero que llega del Estado es insuficiente para garantizar los servicios públicos mínimos que reciben los valencianos. Esta pesada losa, difícilmente soportable en tiempos de bonanza, se ha hecho irresistible durante la crisis, aunque el Gobierno sigue mostrándose poco receptivo a aceptar esa realidad y, lo que todavía es peor, a cambiarla. Necesitado de ayudas, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha hecho acompañar de un puñado de expertos que gozan de gran reputación en Madrid para certificar lo obvio y ganar influencia en la capital del reino. El dictamen de economistas tan acreditados en el PP como José Barea, Ramón Tamames, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz o Juan Velarde es taxativo: «Existen dudas muy razonables sobre la viabilidad financiera de la CV a medio y largo plazo» si se mantiene el actual modelo de financiación. El diagnóstico es incontestable. Las recetas que prescriben generan más incertidumbre: los sabios aconsejan al Consell que «valore la conveniencia de devolver transferencias al Estado» y sugieren el catálogo más liberal: tras eximir de toda responsabilidad a la Generalitat al no encontrar «gastos excesivos» y ver su gestión sanitaria y educativa superior a la media española, proponen ampliar el copago, introducir nuevos recortes presupuestarios, suprimir fundaciones y empresas públicas, eliminar las subvenciones a patronal y sindicatos, y reducir drásticamente los ayuntamientos. ¿Se atreverá el Consell a tanto?