Ética profesional

Con la reforma de la ley de abril del 2005, los divorcios se convertían en un trámite más rápido y mucho menos costoso, pues se suprimía la separación previa obligatoria y la necesidad de alegar causas, así como se regulaba la custodia compartida de los hijos. El mal llamado divorcio exprés acorta considerablemente el tiempo para poder divorciarse y abarata los costes, agilizando el trabajo de los juzgados y reduciendo el sufrimiento emocional de los cónyuges.

Los distintos colegios de abogados recomiendan unos honorarios a sus profesionales. Como ejemplo orientativo, en Madrid en el peor de los casos el coste es de 2.100 euros, siendo el precio de un procedimiento normal de 1.200 euros (gastos de procurador aparte). En la Comunitat Valenciana, los letrados y profesionales que se dedican a la tramitación de los divorcios se mueven en su inmensa mayoría en una horquilla que va de los 600 a 1500 euros. Ética y profesionalmente se dedican a defender a sus clientes y no a sangrarlos justo cuando su capacidad económica merma significativamente por las obligaciones, duplicidades y gastos que tiene un proceso tan desagradable y doloroso como un divorcio.

No es pues comprensible esa minoría (que en todas las profesiones las hay) que intenta cobrar honorarios desmesurados fuera de toda lógica, que triplican el coste normal del trámite, e incluso verbalmente te comentan unos honorarios que tú lógicamente aceptas, pero que al recibir la minuta una vez finalizado el proceso duplica lo acordado verbalmente. Desde esta tribuna quiero lanzar una sugerencia a los letrados en general y al colegio oficial en particular: que los honorarios por los diferentes servicios sean públicos y visibles en todos los bufetes profesionales y se pasen por escrito al cliente. De nada vale, una vez consumado el hecho, decirle al indignado cliente que los precios son libres, dejándole en la más absoluta indefensión y convirtiéndole en el hazmereír de conocidos y amigos.