Vuelven las elecciones y con ellas los mensajes, las justificaciones, las promesas, las desaveniencias, los reparos, las encuestas, los faroles, la ilusión, el cansancio, las poses, la empatía, el descrédito, las verdades a medias, las mentiras,.. Y sobre todo, la injusticia.
Una democracia no llega a serlo del todo cuando algún colectivo o persona con derecho al voto no puede ejercerlo por culpa de la misma Administración que debe garantizárselo. Y eso es, precisamente, lo que va a volver a ocurrir con los residentes en el extranjero, los expatriados. Lo sufrieron el 20D y, si nadie remedia lo irremediable, volverá a pasar el 26J.
La reforma electoral de 2011 aprobada por los partidos popular y socialista con el apoyo de los convergentes convirtió el derecho de acudir a las urnas de los residentes en el exterior en una especie de favor hasta en su literalidad, ya que introducía la obligatoriedad de «rogar» el voto. Un camino burocrátic0 laberíntico que ha conseguido reducir a su mínima expresión la participación de un colectivo, el de los inmigrantes, engrosado en los últimos años por muchas personas, sobre todo jóvenes, que se han visto obligadas a salir de su país en busca de un salario o una oportunidad de empleo que no había aquí.
Antes de que se pusiera en marcha la reforma, participaba en las elecciones cerca del 29 % de los españoles censados. Después, el porcentaje ha descendido a entre el 5 % y el 7 %. Sobran comentarios.
Las protestas antes del 20D fueron sonoras y probablemente volverán a serlo antes del 26J. No les falta razón. Especialmente en unas elecciones, las segundas en seis meses, en las que se aventura un resultado muy ajustado, en el que sus votos pueden llegar a dictar el camino de algún diputado.
No hay que perder de vista que el electorado en el exterior ha sufrido una importante transformación en los últimos años, pasando de la tendencia conservadora de los inmigrantes que salieron de España en los años 50 o 60 del siglo XX, a la más progresista y desesencantada de los que se han visto obligados a salir de España en los años de la larga crisis. Son cerca de 70.000 censados en el exterior solo de la Comunitat Valenciana.