Distintos documentos de la Comisión y el Parlamento Europeo señalan la siguiente paradoja: los alimentos son más seguros que nunca en Europa y sin embargo la confianza de los consumidores es baja. Gráficamente indican que un ciudadano europeo tiene 260 veces más posibilidades de morir como resultado de una gripe que de un alimento inseguro. Aun así, muchos consumidores desconfían de la información que proporcionan las etiquetas. Sin duda, los recientes casos de fraude, entre ellos el escándalo de la venta de carne de caballo como carne de ternera, ocurrido en Reino Unido en 2013, han minado la confianza de los europeos y han levantado sospechas sobre la eficacia de los controles a lo largo de cadena alimentaria.
Mientras la legislación alimentaria europea es muy exigente en el ámbito de la seguridad alimentaria, e incluye estrictos controles microbiológicos y análisis de gran número de contaminantes en los alimentos y piensos, no existe un marco legal claro para afrontar el fraude y el número de controles en este campo es extremadamente limitado. Como reacción a la crisis de la carne de caballo, la Unión Europea lanzó el pasado año una campaña de control centrada en verificar la identidad de las especies de pescados y la adulteración de la miel. No parece un esfuerzo de mucha envergadura teniendo en cuenta que el fraude puede afectar de manera considerable a los consumidores y perjudicar gravemente al sector agroalimentario, que en Europa emplea cerca de 50 millones de personas.
Pero ¿qué sabemos del volumen del fraude? En realidad muy poco. La US Pharmacopeial Convention (USP), que gestiona una base de datos global de casos de fraude alimentario, ha añadido en los últimos años miles de nuevos registros sobre informaciones publicadas en revistas científicas y medios de comunicación. Por su parte, desde su creación en 2013, la Red de Fraude Alimentario de la Unión Europea ha observado un incremento en el número de casos, aunque solo incorpora información sobre problemas transfronterizos y no sobre fraudes en el interior de los países. También la red de alertas alimentarias de la Unión Europea ha notificado cientos de alertas clasificadas como adulteración/fraude. Esta información disponible apunta a que los alimentos en los que ocurren con más frecuencia casos de fraude son: aceite de oliva, pescado, alimentos orgánicos, granos, miel, café, té, vino, ciertos zumos de fruta, leche y carne.
Sin embargo, lo que conocemos es, seguramente, sólo la punta del iceberg. Es necesario incrementar el conocimiento sobre la magnitud, incidencia y casos de fraude alimentario en Europa, y es preciso que las autoridades unifiquen seguridad alimentaria y lucha contra el fraude alimentario, establezcan una legislación adecuada, creen redes de laboratorios potentes en al área de autentificación de alimentos, incrementen la colaboración con la industria alimentaria y complementen este enfoque con la necesaria perspectiva policial y criminalística. Se debe garantizar la seguridad del consumidor y proteger sus derechos. Su confianza sólo crecerá si la política de tolerancia cero con el fraude se aplica de manera efectiva, y se elimina uno de sus principales incentivos (junto con el beneficio económico), la ausencia de una vigilancia eficaz.
