Siguiendo las consignas del presidente Zapatero, que no quería más pleitos separatistas, Cristina Narbona entró en el Ministerio de Medio Ambiente el año 2004 como un auténtico ciclón, arrasando todos los acuerdos existentes sobre el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Y en su lugar propuso su célebre Programa Agua, que consistía en aprovechar los recursos locales y complementarlos con el apoyo de desaladoras de agua marina. En la Comunitat Valenciana se construyeron cinco apoyadas por la UE con el 33 % de su coste, siempre que entraran en funcionamiento en determinadas fechas. Y los catalanes y aragoneses se quedaron con el agua y a otro asunto.
Las desaladoras de Moncófar y Oropesa costaron 104 millones de euros y se acabaron en los plazos debidos y la de Torrevieja superó los 300 millones. Pero contando con que todas actuaran -incluidas las de Sagunt y Xábia- nunca se llegarían a producir 200 hectómetros cúbicos al año, por lo que estábamos muy lejos de los 1800 necesarios que se contemplaban trasvasar desde el Ebro.
Han pasado 17 años desde el capricho de la ministra Narbona, que no contenta con la idea de las desaladoras decidió cambiar el punto de toma de agua del trasvase Xúquer-Vinalopó existente en Cortes, para pasarlo a la desembocadura, en Cullera, con lo que hubo que abandonar las obras en las que se habían invertido 100 millones de euros. Además de levantar una oleada de protestas de las agricultores al criticar la pérdida de calidad de las aguas.
El resultado de su nefasta gestión es que las desaladoras están terminadas pero casi no funcionan. Y no funcionan por su elevado precio ya que el metro cúbico de agua sale entre 0,70 y 1,20 euros -a precio de agua mineral- lo que supera ampliamente los 0,16 o bien 0,20 euros por metro del agua de los ríos que pueden pagar los agricultores y consumidores. Para que se hagan una idea del consumo de electricidad de la desaladora de Torrevieja, es igual al de una ciudad de 100.000 habitantes. Y al precio que está la luz? Al no funcionar, la UE exige la devolución de las ayudas recibidas para el proyecto. Por eso ya se han tenido que devolver 55 millones por la desaladora de Torrevieja y ahora si no funcionan las de Moncófar y Oropesa se tendrán que devolver otros 35 millones de euros.
En resumen: 400 millones del Xúquer-Vinalopó más 100 millones de pérdidas por el cambio de proyecto, más setecientos millones de las seis desaladoras de la Comunitat nos dan un total de 1.200 millones de euros de los que hemos de devolver 80 a la UE. Mas que lo que costaba el trasvase y la casa sin barrer. Lo que se dice una buena ministra.
Por si faltaba algo organizó en el 2008 un evento en Zaragoza: la Expoagua, que fue un auténtico fracaso. Recibió el 35 % de los visitantes esperados, costó 1.050 millones euros, con otros quinientos millones de pérdidas y 116 de gastos de desmontaje. Y desde que cerró, acumula otros 176 millones de gastos de mantenimiento.
La consecuencia que se deriva de esta experiencia es la de la responsabilidad del político. Un administrador que crea un caos como el comentado no se puede salir de rositas como embajadora de España en la OCDE y ahí te dejo el pastel. Cuando se administra dinero colectivo con total despotismo, sin atender consejos ni razones, uno se tiene que hacer responsable solidario de sus decisiones que afectan a todos los ciudadanos y dar la cara al conocerse los resultados. Y aquí nos ha dejado la ministra Narbona, abandonados y sin agua gracias a sus ocurrencias de hace años y sin decir ni pío.
¿Y eso, quién lo paga? ¿Destrozar una comunidad con seis millones de habitantes puede salir gratis? No hay empresa ni sociedad con tan tolerantes criterios, porque de haberlas irían a la ruina. Como nos ha dejado Narbona, aunque a ella ahora le dé igual. Mientras no haya una responsabilidad penal o pecuniaria por las decisiones tomadas la política, será una profesión propia de irresponsables. Lo mismo nos pasará con el de la bicicleta. Se irán dejando un rastro de caos.
Otro día hablaremos del ministro Sebastián, el de las bombillas?
