Apuntaban la semana pasada desde el PP para celebrar la suspensión cautelar por parte del TSJCV del decreto del plurilingüismo impulsado por la Generalitat, que hay «una lengua, la española, hablada por más de 500 millones de personas en el mundo, atacada». ¿Atacada? No. De cada cien escolares de la Comunitat Valenciana, hoy todos podrían expresarse en castellano, treinta lo harían en valenciano y no más de seis, en inglés. Esa es la realidad educativa según los centros. No existe ataque ninguno. Subrayo la palabra por marciana. Como cuando hablan de «castañazo judicial». El castellano no corre peligro. O no lo hablaría nadie, tampoco 500 millones de personas. Pero, ¿qué problema hay en aprender más lenguas desde la escuela pública?

La educación no es una guerra. Usar ese lenguaje de conflicto para poner la alarma por la desaparición de un idioma, cuando no es así, no sólo es injustificable, supone enviar a las armas al colectivo escolar. Cuando lo único que deben hacer es aprender. Son menores. Y para eso están las instituciones públicas, para que les den todas las oportunidades del mundo, y su futuro sea el mejor posible. Pueda pagar su familia el colegio o no. Especialmente cuando no.

Hace mucho que España no es una. El artículo 2 de la Constitución reconoce el carácter plurinacional del Estado. No tiene una única identidad. Como tampoco tiene una sola lengua que deba hablarse en todo su vasto territorio. No hay una mejor. Porque no hay una sola, aunque se empeñen. Y no hay causa para que vayan tanto al juzgado para exterminar las demás. El valencià sigue estando ahí, cautelarmente o no, València con o sin acento. Hasta tres textos legales igualan la nuestra al idioma del Estado reconociéndole los mismos derechos. La Constitución, el Estatut d´Autonomia y la Llei d´Ús i d´Ensenyament del Valencià. Y enseñarla no implica despreciar o atacar otras lenguas, como se mal dice. Al igual que hablarle a alguien en valencià no es faltarle el respeto. Hay igualdad legal. Solo falta la ausencia de inquina política. No estamos en estado de excepción... Si se quisiera a la terreta.

Pero eso va a ser imposible si precisamente una institución pública no atiende a los textos legales y hay represalias contra decretos que pretenden corregir el desequilibrio del valencià y la falta de dominio de otros idiomas en las aulas. Como sí lo hay con el castellano. Y por eso las familias debían acudir a academias privadas. Una lástima que se pueda usar la educación de los menores, los colegios y todas las oportunidades que deben tener como armas para conquistar gobiernos. Las escuelas no son trincheras. Toda lengua está para hablarla, estimarla y no castigarla. Y la nuestra, la de casa, es historia y patrimonio, jamás un ataque. Y eso se enseña en las aulas, aunque algunos no quieran. Las lenguas sirven para comunicarnos, si nos entendiéramos más, habría menos conflictos.

Escribía antes que España ya no es una, ni grande, como se rezaba en el franquismo. Con el texto constitucional se reconoció la pluralidad de nacionalidades, la riqueza territorial que integra el conjunto del Estado. Y sus lenguas. Conocerlas, hablarlas, enseñarlas en el colegio y promoverlas desde las administraciones solo puede enriquecer a un territorio y ser la base de aprendizaje de nuevos idiomas. Mantener la identidad de su comunidad. Ese sentimiento que hace que ante la unidad se logren proyectos comunes. Una tierra no se rompe por la lengua, se rompe por la desigualdad que imparte el centro, por ejemplo, al distribuir injustamente los impuestos de todos con la financiación territorial, como hace Madrid con la Comunitat Valenciana, la que menos recibe por habitante, o con el retraso que lleva de diez años con el Corredor Mediterráneo y que es vital para los valencianos. Y lo que le queda. ¿Por qué no se lleva eso al juzgado el PP?