12 de julio de 2017
12.07.2017

Sobre cláusulas suelo y el poder de las entidades financieras

12.07.2017 | 04:15
Sobre cláusulas suelo y el poder de las entidades financieras

La cláusula suelo es la limitación mínima del tipo de interés que aplican los bancos a los préstamos hipotecarios que impide a las personas consumidoras beneficiarse de las bajadas del tipo de interés. En nuestro país se declaró su nulidad y carácter abusivo por sentencia del Tribunal Supremo en mayo de 2013; sin embargo, esta sentencia impedía la retroactividad. En diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los bancos están obligados a devolver todo el dinero cobrado ilegalmente por las cláusulas suelo desde la formalización de la hipoteca inmobiliaria

Ante esta situación, el gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha un decreto-ley que establecía las condiciones de la devolución a las personas consumidoras del dinero cobrado de más por las cláusulas suelo de sus hipotecas. Pero sólo ha servido, una vez más, para demostrar que el sector financiero en este país sigue con privilegios de guante blanco. Las organizaciones de personas consumidoras reclamamos, en su momento, una posición más proteccionista al consumidor, sobre todo teniendo en cuenta el desequilibrio de fuerza entre ambas partes y la situación ventajosa de las entidades financieras de cada una de las medidas aprobadas por el Gobierno de España.

Transcurridos varios meses desde la aprobación del decreto-ley, muchos reclamantes siguen sin respuesta satisfactoria por parte de su entidad bancaria por lo que la solución será acudir a la vía judicial, que es lo que desde un principio las asociaciones de consumidores pretendíamos evitar, ya que supondrá, una vez más, el colapso de los juzgados, ante la carencia de medios, tal como ya han denunciado jueces, funcionarios y asociaciones de fiscales.

Uno de los problemas fundamentales que denunciamos es que se tendría que haber incluido en el decreto-ley la devolución de los gastos de formalización de las hipotecas, evitando que el consumidor tuviera que realizar dos procedimientos distintos siendo que en vía judicial se podrían unificar ambos procedimientos. La falta de regulación de la devolución de estos gastos de formalización de préstamos hipotecarios ha sido aprovechada por la gran mayoría de entidades bancarias para denegar su devolución a los consumidores, abocándoles a seguir, de nuevo, procedimientos judiciales para recuperar los importes que la entidad obligaba a pagar al consumidor, haciendo de nuevo caso omiso a la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015 y a todas las que ya les obligan a devolver los gastos.

La situación actual que nos encontramos es preocupante para las personas consumidoras. Los gastos de formalización hipotecaria han sido denegados por la mayoría de entidades bancarias, obligando al consumidor a recurrir a la vía judicial y los gastos de cláusula suelo, en la mayoría de ocasiones, han supuesto un acuerdo que, en gran medida, supone una pérdida para el consumidor.

Una vez más, las entidades financieras han impuesto sus criterios por encima de los derechos de las personas consumidoras. No obstante, la última palabra la tendrán los jueces y desde las organizaciones de consumidores esperamos que, como en el caso de las preferentes, se dé la razón a los consumidores por encima de los intereses de los poderosos.

Por cierto, las últimas noticias judiciales, tras sentencia del Tribunal Supremo, indican que las entidades tendrán que abonar las costas judiciales previas al recurso de casación. Una buena noticia que no hace más que cargar de argumentos a las organizaciones de personas consumidoras para seguir luchando contra el poder de las entidades financieras.

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