Este seis de diciembre celebramos el cuarenta aniversario de nuestra Constitución, la octava que hemos tenido los españoles desde 1812. Y llega este cuarenta cumpleaños en un momento de grave crisis política e institucional. Por lo que la celebración, que debería ser un momento gozoso para los españoles, lo es de seria preocupación e incertidumbre. Creo sinceramente que pasadas estas cuatro décadas, en España se ha instalado, en amplios círculos políticos y académicos, la sensación de relativizar y poner en cuestión los pilares sobre los que asienta nuestra Nación y que consagra la Carta Magna. Cierto es que todo es opinable, pero me sorprende como hasta una catedrática de Derecho Constitucional, la profesora Remedios Sánchez Ferriz, de la Universitat de València, defiende en un artículo publicado por este periódico que las provincias no tienen sentido en el estado autonómico y en definitiva no hacen falta en nuestra organización territorial. Supongo que esta profesora será una gran especialista en el derecho constitucional pero que yo sepa no tiene ninguna experiencia política que los ciudadanos hayamos podido contrastar.

La profesora parece desconocer el peso político de las provincias, su eficacia demostrada tras casi doscientos años de historia en la organización territorial del Estado, su amplia aceptación entre los ciudadanos que se sienten mayoritariamente orgullosos de su pertenencia a las mismas, el papel de su órgano de gobierno, las diputaciones, como garantes de la prestación de los servicios más básicos a los municipios, especialmente a los más pequeños. Sospecho que la profesora Sánchez nunca ha sido concejal, ni siquiera de un pequeño pueblo. Sostener que las comunidades autónomas, inventadas por los constituyentes en el bienio 1977-78 sustituye a las provincias es opinar alegremente y con desconocimiento de la realidad de este país que aún llamamos España. A algunos políticos, fundamentalmente en la izquierda y en el nacionalismo excluyente, les sucede lo mismo que a la profesora Sánchez, opinan, eso sí no tan alegremente, que las provincias y las diputaciones han de desaparecer en beneficio de un proyecto nacionalista que rompa la unidad de la Nación que es España, generando más gasto, más estructura y más dispendio en el seno de unos gobiernos autonómicos que se han convertido en un monstruo voraz que se come todos los recursos.

Debe saber la profesora Sánchez como se gestaron las comunidades autónomas en 1977. Fui testigo de primera fila como senador constituyente de lo que ocurrió. El entonces ministro de administraciones territoriales, Manuel Clavero Arévalo, en el famoso acto de El Puig al que asistieron los Reyes anunció, para sorpresa de todos y especialmente de los compañeros de su partido, la UCD, el estado autonómico. Fue lo que se llamó el café para todos que ha desembocado en el actual desmadre territorial, económico y político. Aquel día, por cierto, los parlamentarios del PSOE no quisieron cumplimentar al Rey porque se consideraban republicanos. Crear las comunidades autónomas fue una fórmula para encajar el nacionalismo de catalanes y vascos. Para ellos, y después para gallegos y andaluces, fueron los privilegios y para los demás, un remiendo. Aún seguimos sufriendo los valencianos una gran discriminación en la financiación. La clave del asunto fue la misma que se presenta en la actualidad. UCD, y después el PSOE y el Partido Popular, siempre necesitaron los votos de los nacionalistas y ahora independentistas para gobernar. Cada voto en el parlamento ha supuesto millones de euros en inversiones para Cataluña y para el País Vasco donde además se sufría el terrorismo atroz de ETA.

Aquella constitución, con sus defectos que los tiene, la aprobó la mayoría de los españoles, y por el noventa por ciento de catalanes. Estoy de acuerdo que se puede mejorar con enmiendas pero sería un error de catastróficas consecuencias reformar los pilares sobre los que sienta como es la forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, y la estructura del Estado con su organización territorial en la que está perfectamente definida la provincia. Quizá lo único que deberíamos reformar es el título VIII referido a las comunidades autónomas para que el Estado recupere competencias tan importantes como la educación, la sanidad y la seguridad. El fracaso de la estructura autonómica se ha hecho evidente en la actualidad y es precisamente en la Comunitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig, donde el caos en la gestión sanitaria es evidente, con una lista de espera desbordada, o en la educación donde se alecciona a los niños en un proyecto nacionalista e incluso independentista que es ajeno a las familias.

Creo sinceramente que en estos cuarenta años se ha hecho un gran esfuerzo por modernizar España creando las más altas cotas de bienestar que han conocido los españoles en toda la historia. Yo mismo, como conseller de Sanidad que fui desde 1995 hasta 1999, impulsé la mayor reducación de listas de espera y la mayor modernización del sistema de salud nunca realizado en nuestra Comunidad. Pero en estos tiempos, con la irrupción de los populismos y del independentismo, todo se ha trastocado. Hasta el pacto de convivencia y reconciliación que hicimos los españoles ahora hace 40 años. Feliz cumpleaños, pese a todo, Constitución.