El Ingreso Mínimo Vital (IMV) nos equipara como país al resto de los países de la eurozona. No nos hace diferentes, ni significa algo novedoso en la UE. Nos aproxima a lo que otros países ya tienen consolidado. Hay que saber que esta medida figuraba en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos como "medida estrella" para reducir la pobreza, pero la crisis de la COVID-19 ha acelerado su implantación. En la actualidad existen rentas mínimas en varias comunidades autónomas, sin embargo con esta medida, el Ingreso Mínimo Vital se generaliza como una renta mínima para todas las familias vulnerables.
Es una prestación económica para hacer frente al impacto económico que ha provocado la pandemia del COVID-19. Su objetivo es reducir la pobreza extrema en España. Esta ayuda económica afectará a unos 850.000 hogares, con una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16% del total. Casi un 90% de los hogares que se beneficiarán están encabezados por una mujer. Unos 100.000 hogares que se consideran los más vulnerables, recibirán esta prestación de oficio, sin tener que hacer gestiones para recibirla, y su fecha de aplicación será el 1 del mes de junio.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fija un mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros. Parte de los 461,5 € al mes en doce pagas, el equivalente a una pensión no contributiva, para unidades familiares de un solo miembro, hasta un máximo de 1.015,3€ al mes en doce pagas para familias de 2 adultos con 3 menores o de 3 adultos con 2 menores. También establece un complemento adicional para las familias monoparentales de 100 €. Es una prestación de la Seguridad Social con un coste anual aproximado de unos 3.000 millones de euros. Tiene carácter permanente y su principal objetivo es la redistribución de la riqueza, con la intención de luchar contra la pobreza extrema y, facilitar la inclusión en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
Algunos ejemplos de ingreso mínimo vital en Europa
En Francia, existe para los adultos de más de 25 años con riesgo de exclusión. Reciben 550 euros mensuales y se ve aumentada en función de la situación familiar.
Alemania: la gestionan los gobiernos autonómicos. Es un subsidio ligado al empleo y sólo pueden optar a él los que estén buscando trabajo. La cantidad está en función de la situación de cada hogar. Puede llegar a los 382 euros por persona para una pareja y se suma entre 245 y 302 euros por hijo.
En Italia: está condicionada con la búsqueda de trabajo. Pueden solicitarla los ciudadanos italianos y los que lleven diez años o más en el país. La cantidad es de 780 euros si cumples las condiciones.
En Portugal: pone como condición obligatoria la búsqueda de empleo y firme un contrato de inserción. Concede 300 euros a los adultos con un hijo a su cargo durante doce meses.
En Holanda: es el país con mayor renta mínima de Europa. Puede llegar hasta los 1.635 euros a los ciudadanos mayores de 18 años que residan legalmente en el país. La cantidad cambia en función de la renta y de sus pertenencias.
Su incidencia en el PIB.
Desde el inicio de la crisis, el Gobierno viene repitiendo que no dejará a ningún colectivo por el camino, mostrando una gran sensibilidad con los colectivo más desprotegidos. Este acuerdo se enmarca en esta línea de trabajo y supone un gran logro para las clases populares más vulnerables. Es una medida histórica para que nadie se quede atrás, que sin resolver el problema, si marca el camino que se debe seguir.
La cantidad estipulada para cubrir esta partida está valorada en unos 3.000 millones de euros. Visto así, parece una cantidad estimable, pero si la relativizamos dentro del PIB, y la comparamos con las partidas que dedican otros países europeos, vemos que no es tanto. Es más, ni sumando esta cantidad con los aproximadamente 1.600 millones que ya se viene presupuestando para este fin entre todas las autonomías, se llega a la media de lo que se presupuesta en los países de nuestro entorno.
El IMV se podrá solicitar a partir del 15 de junio y se cobrará con carácter retroactivo desde el 1 junio. La prestación cubrirá la diferencia necesaria por la unidad familiar hasta alcanzar el ingreso mínimo correspondiente.
El Ingreso Mínimo Vital es la respuesta del Gobierno al problema estructural de pobreza que existe en el estado español y que hasta ahora no había sido suficientemente atendido, es más, se hacía como que no existía. Su puesta en marcha nos aproxima a un estado de bienestar en el marco europeo y, se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de pobreza causadas por la COVID-19, que se suman a las familias que ya se encontraban en dificultades.
En el umbral de la pobreza viven aproximadamente 2,3 millones de personas, el 30 % son menores. El Gobierno, viene repitiendo que en esta crisis, no quiere que nadie se quede fuera, y en esta línea se enmarca esta medida. EL IMV cumple con el artículo 41 de la Constitución Española: "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestación sociales suficientes ante situaciones de necesidad especialmente en caso de desempleo". No hace nada extraordinario. Cumple con el artículo 41 de la Constitución Española. Por lo tanto, es un mandato constitucional.
Es insuficiente y poco ambicioso
Según el Gobierno llegará a 2,3 millones de personas de extrema pobreza. Según Oxfam, en 2019 había un 9,18% de la población en una situación de extrema pobreza. Es decir, 4,5 millones de personas. En el mejor de los escenarios, el IMV va a cubrir a la mitad de la población en este estado, de los que había en 2019, antes de las condiciones económicas provocadas por la pandemia. No por ello hay que dejar de admitir que el IMV viene a suavizar la terrible situación en que vive gran parte de la población. Que es la línea a seguir, seguro. Pero nace centralizada y con una dotación insuficiente. Se podía haber ido un poco más allá si comparamos las ayudas transferidas a las empresas y la banca.
El actual Gobierno Valenciano ya mostró su sensibilidad hacia los colectivos en riesgo de exclusión social hace tiempo, de ahí su Renta de Inclusión, si bien es cierto que muy limitada, presupuestariamente hablado, por el problema de la sub-financiación que venimos padeciendo. Parece lógico, que para no duplicar gestiones, los 300 millones presupuestados y que nos corresponden, fueran transferidos a la Conselleria, incluso como partida finalista si se quiere, sería un presupuesto que puede llegar a unas 150.000 personas, y eso ya es otra cosa para atender a nuestra realidad social. Lo que no tiene sentido es que, para gestionar una misma ayuda, haya dos estructuras administrativas.
El objetivo básico del Ingreso Mínimo Vital, es luchar contra la pobreza y la exclusión social, tratando de que nadie se quede atrás. Es un intento de lograr que todos los ciudadanos estén integrados en la vida social y económica del país, para ello, como comienzo, se diseña una percepción económica mínima que posibilite este fin. Puede ser una herramienta con futuro que indica el camino a seguir, si socialmente se acepta como tal y se asume su finalidad. Eso sí, corrigiendo los problemas que en el principio de su aplicación irán apareciendo, porque aún queda mucho camino por recorrer para llegar a la renta básica generalizada.
