Los ODS serán la guía del desarrollo global hasta 2030 y suponen una oportunidad única para acabar con la pobreza y el hambre, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Los 17 objetivos y 169 metas que se han fijado para los próximos 15 años, desde 2016 hasta 2030, comprometen a los Estados a desarrollarlos de manera voluntaria, al igual que a las empresas u organizaciones.

A pesar de su importancia, se detectan deficiencias sustanciales como es el propio carácter voluntario de la Agenda 2030, si bien ya existe algún compromiso con los países que firman el documento; se obvian los derechos humanos y dictaduras en el mundo, aborda los síntomas pero no las causas estructurales, otorga excesivo protagonismo a la iniciativa privada, y se soslaya una coordinación efectiva en las ayudas a países en desarrollo. 

Tanto la Unión Europea como España han mostrado un compromiso inequívoco con la Agenda a través de diferentes declaraciones e iniciativas. Un compromiso al que están llamados no sólo los gobiernos nacionales, sino también las autoridades regionales y municipales, la sociedad civil y el sector empresarial. La experiencia comparada con los países que ya se han sometido al examen revela su gran utilidad cuando responde a un impulso genuino, refleja una voluntad de transformación y articula un plan realista para progresar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuando va acompañada de un proceso de deliberación, participación y diálogo entre todos los niveles gobierno, la sociedad y el parlamento.

El Gobierno valenciano considera que es necesario un compromiso firme para situar a la Comunitat Valenciana en una senda acorde con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por considerarla “una nueva oportunidad, quizá la última, para transformar el mundo”. A tal efecto la Ley 18/2017, de cooperación y desarrollo sostenible, tiene por objeto establecer y regular el régimen jurídico al cual se ha de ajustar la actividad de la administración de la Generalitat y de su sector público dependiente, en materia de cooperación internacional al desarrollo y de solidaridad internacional y del cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Independientemente que todavía estamos esperando la respuesta de pertenecer al Alto Consejo Consultivo, creemos insuficiente los vectores que acompañan a la norma: “informar, sensibilizar y comprometer”, porque de lo que se trata es de concretar, evaluar y adoptar medidas en función de los valores que nos aporten los indicadores una vez implementados en la C.V. para el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030.

Después de esta primera fase de la pandemia, nos encontramos en un escenario desolador, y hay que sortear nuevos retos e inconvenientes añadidos:

  • La salud y sanidad pública.
  • Aumento de las fake news.
  • El proceso de desparticipación ciudadana en todos su niveles.
  • La persistencia de la violencia de género.

En cuanto a la salud los efectos imprevisibles de la actual pandemia que afecta a la población de todo el Planeta, visualiza la patente desigualdad entre países que disponen de un sistema sanitario suficiente y otros con un déficit insoportable. Por tanto, entendemos se ha de reorientar todo los esfuerzos en dotar a todos los países de un sistema de salud pública que cubra las necesidades de su población. Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un riesgo mundial y han demostrado que la preparación es vital.

En cuanto a las fake news, bulos, medias verdades y medias mentiras que circulan con plena impunidad, sobre todo en las redes sociales, debemos ponerle freno con mayor decisión y colaboración institucional. Está en juego el descrédito a las instituciones democráticas, la convivencia social y política y un amenazante aroma de autoritarismo.

En cuanto a la proceso de anulación, olvido o vulneración de los consejos participativos, sean consultivos, preceptivos o decisorios, en todos los niveles de la Administración pública, se deben adoptar todas las medidas legales para su restitución, actividad y desarrollo en la nueva normalidad a corto plazo; así mismo, en lo que queda de legislatura deberán crearse nuevos espacios de participación ciudadana y vecinal acorde a los nuevos retos que nos depara la sociedad.

Así mismo, consideramos imprescindible la creación de Observatorios de seguimiento y desarrollo de los ODS, a nivel autonómico y locales, cuyos trabajos sean coordinados, a su vez, por los organismos estatales, o caemos en el riesgo de estar permanentemente bajo discursos, conferencias y seminarios que ni conciencian ni sensibilizan a la ciudadanía. La plasmación práctica de la aplicación de los objetivos de la Agenda 2030 a escala local sería el establecimiento de una estrategia común y participada por Ayuntamientos, Organizaciones Vecinales y locales (culturales, universitarias, comerciales, sindicales,...), creando un nuevo instrumento específico: el Comité de Desarrollo Sostenible de la Localidad, cuyo objetivo sería precisamente la elaboración de un diagnóstico y el establecimiento de esa estrategia desde una perspectiva participativa a corto y medio plazo, comprometiendo a las instituciones y entidades que forman parte de él.

En cuanto a la violencia de género, la igualdad de género es un derecho humano fundamental y una base necesaria para un mundo sostenible, pacífico y próspero. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las mujeres constituye un objetivo independiente (Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 - ODS 5), indisolublemente ligado al ODS 4 en lo concerniente al derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad y al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es necesario utilizar todo el poder de la educación para modificar las relaciones desiguales de poder, las normas sociales, las prácticas discriminatorias y los sistemas de creencias que sustentan la desigualdad de género y la exclusión en la sociedad.

La contaminación medio ambiental, el estancamiento y envejecimiento de la población, la despoblación radical de las zonas rurales, el problema del cambio climático, el riesgo de exclusión social que afecta aproximadamente a un tercio de las personas, el problema de la energía... Los cambios, por tanto, no solo son inevitables sino que son estrictamente necesarios. Las organizaciones vecinales, en este proceso, deben estar presentes para garantizar la cohesión social, un desarrollo sostenible y un marco de participación.