En los últimos meses estamos observando en el Diari Oficial de la Generalitat la aprobación de muchos planes locales de prevención de incendios forestales, casi todos ellos subvencionados en parte por la Generalitat. Esta buena noticia puede ser una realidad porque el Partido Popular aumentó significativamente los fondos dedicados al medio forestal en el PDR de la Comunitat Valenciana para el periodo 2014-2020. Gracias a ello, ahora se pueden ejecutar medidas de este tipo. Y en la misma línea ha actuado la Diputación de Alicante subvencionando en su totalidad a cuarenta municipios la redacción de este plan.

De todos modos, es muy criticable la forma y el fondo de lo que está ocurriendo, y va a ocurrir con estos planes. En la forma porque la Generalitat no ha diseñado bien cómo redactarlos, con una orden que está generando muchos problemas técnicos y porque en vez de concebir estos planes como complementarios a los de la Generalitat (de demarcación), se impone que se implanten aquellas infraestructuras que ya tiene proyectadas el organismo autonómico o complicados nodos de propagación del fuego que tienen escasa importancia a nivel de término municipal pero sí mucha a un nivel supralocal, por lo que debería ser la Generalitat la que los definiera con claridad.

Pero lo más destacable, y ahí es donde entra el fondo, es cómo se van a ejecutar los planes aprobados. Según la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana es la Generalitat la que debe asumir el coste de las infraestructuras de prevención de incendios, en conjunto con las demás Administraciones. La ley también obliga a que los ayuntamientos y particulares ejecuten estas infraestructuras.

Según las leyes de régimen local, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (que son lo que suelen tener más masa forestal) no deben prestar el servicio de prevención y extinción de incendios. De hecho, la propia ley dicta que si la Generalitat se la quiere delegar, deberá delegar también los medios económicos para su ejecución. De eso, por supuesto, ninguna noticia al respecto.

Y es aquí donde viene el problema. ¿Le quiere endosar la Generalitat el coste de las infraestructuras de su competencia y que ha obligado a incluir a los ayuntamientos en sus planes locales de prevención? La lógica y el sentido común diría que no debe ser así, pero viendo el último intento de sus socios en el gobierno de España de quitarles los ahorros a los ayuntamientos, no sería de extrañar.

Desde el Partido Popular reclamamos que se incluyan en los próximos Feader y Feder una importante línea para la ejecución de los Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales. Estaremos vigilantes para que la consellera Mireia Mollà no intente que le paguen la fiesta aquellos a los que más debería ayudar, ni que les quite un euro a los ayuntamientos más pequeños en aquellos servicios que sí deben prestar a sus vecinos.