Cada ministerio aloja un nutrido gabinete de comunicación que, seleccionado por el ministro, difunde comunicados, convoca ruedas de prensa y, sobre todo, decide la forma, la potencia y la frecuencia de su presencia en torno a las cuestiones y momentos que son del máximo interés del ministro. Estamos, pues, ante una tarea fundamental, pues el que los ciudadanos participen del interés que regula y persigue la actividad del Gobierno, le garantiza al ministro su proyección social y política.

Esta actividad es clave cuando el gabinete de comunicación ha de difundir y defender una ley orgánica, como es la ley de educación. El gabinete ha de captar la atención de los ciudadanos, debe mediar sus posibles reflexiones y debe favorecer el diálogo entre los protegidos por una ley cuyos objetivos aventa. No solo deberá llegar a la calle, sino que ha de ganarse la calle cuando estamos ante una cuestión que, como la educación, la mayoría de los ciudadanos considera una de las grandes lagunas y retos de nuestra organización social.

La ley que el gabinete de la ministra Isabel Celaá nos ha estado ofreciendo ya tiene extraños méritos en su haber. Por una parte, ha reiterado durante páginas palabras ya gastadas y objetivos que han servido a mil banderías. Por otra parte, ha logrado trasladar a la sociedad varios e irrelevantes motivos de encanallamiento (el paso de curso sin límite de suspensos en secundaria, el IVA para las actividades que no sean exclusivamente docentes en los centros concertados, la reducción de la inspección a los incondicionales del régimen, etcétera). Finalmente, difunde la presentación de una ley orgánica bajo la denominación Lomloe, esto es, ley orgánica de modificación de la LOE. Estamos, pues, ante un texto que fluye recuperando los artículos de otra ley (LODE) para oponerse y corregir los artículos de otra (LOE=Wert). Su lectura, por tanto, es una tortura. El acto supremo de frivolidad lo facilitan al afirmar en su página web que «la ley Celaá dará la vuelta a ley Wert». Ley que como el exministro José Ignacio Wert ya merecieron mi opinión.

Ahora bien, lo más penoso de esta nueva ley han sido sus idas y venidas, el haber sido redactada y discutida bajo el estado de alarma. La participación de la sociedad y de los docentes ha sido menesterosa, indigente.

Mención especial merece el tratamiento otorgado al castellano. Se dice que la ley obedece en este punto a una exigencia del nacionalismo catalán. He de tomar posición, aunque solo se favorece la confusión referida al texto legal y los pactos: no debe olvidarse que del diálogo entre el castellano y otras lenguas de nuestra cultura, se ha conformado y conforma una parte importante de nuestro quehacer cívico y cultural. Por ello, respétese lo que marca la Constitución, cuídese con afecto el derecho de cada ciudadano a pensar en su lengua materna y contribúyase desde la política a reconocer al otro, a crear una imagen de todos nuestros pueblos como la que desde el castellano se contribuyó a crear, por ejemplo, de Barcelona: «...me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y, en sitio y en belleza, única». Sólo Cervantes podía hablar así de Barcelona.