Hoy hace 60 años, los cadáveres de Minerva, Patria y Teresa Mirabal, feministas de la República Dominicana, aparecieron en un barranco al noreste de la isla. Habían sido asesinadas a palos por un escuadrón de la muerte del dictador Trujillo. En su memoria, la ONU estableció que cada 25 de noviembre se conmemore el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Las ‘Tres mariposas’ −así se les conoce− murieron por seguir el camino trazado por Olympe de Gouges en 1791 cuando, en plena Revolución Francesa, expresó en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que hombres y mujeres podían compartir el mundo en pie de igualdad. También a Olympe la silenciaron: fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793.
Los nombres de las hermanas Mirabal o de Olympe de Gouges −entre otras− son faros que iluminan la travesía de invisibilidad impuesta por esa niebla espesa que ha ocultado las más graves injusticias que son las que se ejercen sin que se sepan y, por tanto, se denuncien. Me refiero a las que atentan contra la libertad, la seguridad, la integridad y la vida de las mujeres. Me refiero, en suma, al epítome más infame de la desigualdad: la violencia de género.
La violencia de género es poliédrica y comprende desde el maltrato físico, cuya peor consecuencia es el feminicidio, hasta el abuso psicológico, sexual o económico. Y entre todas sus facetas hay una especialmente preocupante porque sigue enraizada en las estructuras y comportamientos sociales y aceptada y tolerada por una amplia mayoría. Me refiero a la prostitución. Hablamos de otra manifestación de la violencia a la que se ven sometidas muchas mujeres. Y no me refiero sólo a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual, sino también a todas aquellas que por sus circunstancias personales sociales o económicas viven atrapadas en ese mundo sórdido.
Es importante recordar los números. El 71% de las víctimas de la trata son mujeres y el 95 % serán vendidas en burdeles o en las calles. Sólo en España, se calcula que la explotación sexual movió 3.700 millones de euros en 2019, es decir, 10 millones al día. Para entender mejor esa cifra hay que compararla con otra: en ese mismo año, los españoles se gastaron en entradas de cine un total de 624 millones de euros; seis veces menos. Los 15 millones de clientes de la prostitución son, pues, 15 millones de cómplices que hacen que este país sea el tercer consumidor de sexo pagado, sólo superado por Tailandia y Puerto Rico. Por eso, una sociedad como la nuestra no puede consentir semejante vergüenza, y para librarse de ella sólo hay un camino: la abolición.
Desde el año 2014, nuestro país está obligado a incorporar a su ordenamiento jurídico los preceptos que establece el Convenio de Estambul y que reconoce como violencia contra la mujer todas aquellas manifestaciones discriminatorias, de abuso y maltrato que se puedan dar más allá del ámbito afectivo y en el que se incluye la prostitución. Aun así, es necesaria una nueva ley integral contra la trata y la explotación sexual que permita castigar a los proxenetas, penalizar a los clientes y ayudar a las mujeres tanto en el ámbito laboral como social. Y antes de eso, hay que revertir la reforma del Código Penal que se llevó a cabo en 2015, pues supuso un paso atrás en la lucha contra esta esclavitud del siglo XXI al incluir demasiados condicionantes para castigar el proxenetismo. No estoy pidiendo imposibles; otros países ya lo han hecho al combatir la demanda a través de la persecución no solo del proxeneta, sino del cliente al considerar la compra de sexo como un delito de ‘violencia remunerada’.
El reto nos compete a todas y todos. Por ello, desde la Conselleria de Justicia vamos a impulsar la constitución del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución. Soy consciente de que no es una tarea fácil, ya que hay demasiados intereses económicos en juego y muchas barreras de índole educativa y social que derribar.
Olympe de Gouges dejó escrito que, si una mujer podía subir al cadalso (como le ocurrió a ella) también tenía derecho a subir a la tribuna. En España hay 100.000 mujeres forzadas a prostituirse a las que se les priva de su derecho a subir a la tribuna de la dignidad humana porque las han subido a cadalsos que estén situados en las calles, ocultos en pisos u hoteles o adornados con luces de neón.
