El acoso sexual de segundo orden (SOHS, por sus siglas en inglés) es la violencia ejercida contra las personas que apoyan a las víctimas de acoso sexual directo y, consecuentemente, se posicionan contra los acosadores. Está unido, por tanto, a la violencia de género (VdG) y es imprescindible para eliminarla, porque las victimas necesitan apoyo social. Tratarlo desde la ciencia es imprescindible para abordar y combatir la VdG

No es un concepto nuevo en el debate científico. La primera definición de SOSH la formularon Dziech y Weiner en 1990. Sin embargo, ha habido una carencia de investigación sobre el tema, a pesar de su importancia social y científica. Se está trabajando en el contexto de las universidades públicas, pero, además, es necesario trasladarlo a otros contextos para proteger y ayudar a las víctimas. Cuando hablamos de universidad, nos situamos en un contexto de poder. Por tanto, para poder denunciar, las víctimas deben saber que no están solas en el proceso, porque el miedo a represalias frena las denuncias. El proyecto I+D Violencia de género en las universidades españolas (2008), dirigido por la doctora Rosa Valls, demostró que esta VdG existe en el contexto universitario. Las personas que se han posicionado contra estos acosadores han sufrido SOHS: desde rumores que atentaban contra su dignidad esparcidos por internet de manera anónima y que fueron dados por válidos por miembros de la comunidad universitaria -cuando un rumor anónimo lo único que demuestra es la cobardía y la bajeza de quien los emite-, hasta problemas para desarrollar su carrera docente, entre otras cosas.

En el artículo ‘Second Order of Sexual Harassment - SOSH’ (Vidu, Valls, Puigvert, Melgar y Joanpere) se muestran dos perspectivas que pueden ayudar a romper el silencio y apoyar a las víctimas: la perspectiva mediática, no culpando a las víctimas e informando de manera contrastada y rigurosa, evitando la difamación, no tomando posicionamiento claro en contra de los acosadores; y la perspectiva política, desde la transferencia de la investigación a la legislación. Un claro ejemplo lo tenemos en la leycatalana 17/2020, de 22 de diciembre de 2020, que incorpora la violencia de segundo orden puesto que «incluye los actos que impiden la prevención, la detección, la atención y la recuperación de las mujeres en situación de violencia machista».

Este reconocimiento es muy importante porque como evidencia una de las víctimas empoderadas, la investigadora Ana Vidu: «Desde el momento en el que puse la denuncia, muchas personas no solo no me apoyaron, sino que me dieron la espalda, dejaron de hablar o miraron para otro lado. No me sorprendió de los pocos que también son acosadores, pero sí de la mayoría de profesoras, profesores y estudiantes. Una explicación a esa actitud está en las represalias que sufren las personas que apoyan. Todas las personas que me apoyaron sufrieron ataques, lo que se conoce como Acoso Sexual de Segundo Orden (SOSH) o Violencia de Segundo Orden (SOV). Si las personas podían hacer SOV es porque esta realidad no estaba condenada, no estaba contemplada en la legislación».

Otro ejemplo del paso de la teoría a la acción se ha producido en el congreso III Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades celebrado el 5 y 6 de marzo 2021 en el que se acordó la Declaración contra el acoso sexual, la revictimización y el acoso sexual de segundo orden, para que se dirigiera a la Presidencia de Europa y a los representantes de los gobiernos de los Estados miembros europeos.

Este mismo año 2021, Ramón Flecha, uno de los investigadores que ha sufrido SOSH por posicionarse claramente a favor de las víctimas, fundador del CREA, el centro de investigación que realizó los primeros estudios sobre VdG en el contexto de las universidades españolas, y que ha conseguido la aprobación de la primera legislación a nivel mundial contra la violencia de segundo orden, ha publicado un artículo sobre el SOSH en la revista ‘Violence Against Women’, incidiendo en la necesidad de asumir un papel activo en la prevención para mitigar el impacto de la VdG y poderla combatir para eliminarla. Las personas que son espectadoras del problema, tanto de la VdG, como del SOSH, deberían intervenir porque es un problema de responsabilidad social. Pero la intervención varía en función de si se conoce o se es amigo o amiga del acosador o de la víctima. En muchas ocasiones, hay miedo a las posibles reacciones del acosador o de personas cercanas a él, y cuando ocurre en una institución como, por ejemplo, la universidad, a la reacción de las autoridades. La consecuencia es que algunas personas reaccionan posicionándose junto al atacante, otras no hacen nada y ‘miran para otro lado’ y otras reaccionan mostrando su apoyo a la víctima. Estas últimas son una minoría en el caso de las universidades según demuestra la investigación.

Por tanto, puesto que apoyar a las víctimas de VdG no es negociable en una sociedad y una universidad democráticas, debemos seguir trabajando, como destaca Flecha, en estrategias de seguridad para las personas que apoyan a las víctimas; fomentando redes de solidaridad que también aborden el SOSH; asegurando que las políticas institucionales se apliquen y, por tanto, las instituciones deben estar verdaderamente comprometidas en la eliminación real de la VdG en el contexto universitario. Una estrategia que puede mejorar la percepción del estudiantado sobre su compromiso contra la VdG, consiste en responder de manera más eficaz a los incidentes de violencia y publicitar los esfuerzos para hacerlo (Jouriles et.al.,2017), informando acerca de cómo se procesan las denuncias y sus posibles resultados, haciendo accesible esta información para el estudiantado y, dando a conocer las medidas que se toman para combatir la VdG. Porque, concluye Flecha, un entorno institucional con una política inequívoca de no tolerancia, hará más difícil para los acosadores cometer actos violentos y, creará un entorno propicio para apoyar a las víctimas de la violencia, tanto de primer como de segundo orden.

En las universidades, lograrlo es responsabilidad de todas las personas que integramos la comunidad universitaria, y una necesidad para acabar con el sufrimiento y las injusticias ejercidas contra las víctimas, las más vulnerables, para que lleguen a ser supervivientes.