Casi seis años después de la llegada al Consell de los integrantes del Pacte del Botànic (y eso que se ha debido ver acelerado por la emergencia de la pandemia) se formula el plan de infraestructuras y equipamientos sociales, denominado «Convivint», que impulsa la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para extender y reforzar el escudo de protección de los más vulnerables: mayores, personas con diversidad funcional o necesitadas de atención en salud mental, menores y víctimas de violencia de género. Y no será porque los gobernantes no tenían clara la necesidad de actuaciones en ese campo. El presidente Ximo Puig, en la presentación del plan, no dudó en calificar la situación de los servicios sociales valencianos como «agujero negro» y «diferencia catastrófica» con respecto a otras comunidades autónomas. La propia responsable de la gestión de la atención social subraya que el plan permitirá «pasar del caos al orden» tras un estado que ella misma tildó de «sin orden ni concierto».
Lo bueno de esta sonrojante demora es que «Convivint» podrá atajar no uno sino dos problemas: la falta de servicios sociales eficaces en la Comunitat Valenciana, y su reparto de manera justa por el territorio a fin de equilibrar la brecha entre las áreas poco pobladas y las ciudades medianas y grandes. Uno de los objetivos del plan autonómico es lograr que haya un equipo social de día a no más de 20 minutos de cada valenciano, y una residencia a no más de media hora. Esa será una de las inspiraciones del reparto de 561 millones de euros entre 247 instalaciones durante los próximos cinco años, lo que se reflejará en 6.600 plazas más y en 3.500 empleos directos. Para financiar parte de este esfuerzo inversor, la Generalitat ha incluido en sus manifestaciones de interés de cara a los fondos europeos 47 millones de euros para infraestructras sociales y otros proyectos de menor importe para teleasistencia, ayuda a domicilio, etc.
El plan de refuerzo del escudo social llega con un retraso considerable en relación con otros documentos similares del Botànic para otras áreas de gestión prioritaria. El de salud se aprobó en abril de 2016, menos de un año después de la toma de posesión del gobierno de coalición entre PSPV-PSOE y Compromis. El plan Edificant para infraestructuras escolares y supresión de barracones dotado con 700 millones de euros es de octubre de 2017. La justicia tiene su libro blanco de inversiones desde 2018, y el de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional es de octubre de 2020, tras la incorporación de Unides Podem al Consell, por citar solo algunos.
La conselleria que dirige la vicepresidenta Oltra ha puesto en marcha la renta valenciana de inclusión, adelantándose al ingreso mínimo vital impulsado por el Gobierno de España; ha agilizado y mejorado la gestión de los fondos de dependencia y ha conseguido avances indudables en la atención a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, los servicios a la tercera edad y la asistencia a los menores figuran claramente en el debe de su balance. En cuanto a los mayores, el equipo de Políticas Inclusivas ha sido incapaz de poner en marcha una sola residencia en sus casi seis años de labor. Antes al contrario, la número dos del Consell no ha dejado de polemizar con las empresas titulares de las residencias privadas, demonizando modelos heredados de la etapa del Ejecutivo del Partido Popular sin lograr sacar adelante una alternativa que permita cubrir la abundantisima demanda de plazas. La pandemia ha agravado esta situación, al convertir las residencias en el principal foco de mortalidad, algo que la vacuna ha resuelto ya en gran medida, pero que obliga a una revisión profunda de servicios y protocolos para mejorar la resiliencia del sistema.
El lema que inspira el nuevo plan Convivint «criar, cuidar y curar» ha hecho también aguas hasta ahora en lo que respecta a los centros de menores. Las constantes polémicas con las entidades gestoras de los servicios de atención, ya sean órdenes religiosas o seglares, han supuesto algún que otro revés a Políticas Inclusivas, agravado por la insolidaridad de ayuntamientos y vecinos que rechazan a menudo el mantenimiento o la instalación de nuevos equipamientos para esos «hijos de la Generalitat» que son los menores bajo tutela. Para colmo de males, la gestión administrativa va manga por hombro. El Sindic de Greuges acaba de subrayar que hay al menos diez centros de menores sin contrato en vigor con a Generalitat, porque los plazos han vencido y no han salido adelante los nuevos concursos. Como los servicios no se pueden eliminar, las empresas gestoras siguen trabajando y la Administración autonómica ha de pagarles con la fórmula especial de resarcimiento por enriquecimiento injusto, de uso habitual en Políticas Inclusivas por no llevar la gestión al día.
Desde que se constituyó en 2015 el primer gobierno de Ximo Puig, destacados miembros de Compromís vienen reflexionando sobre si es conveniente que Oltra compatibilice la Conselleria de Políticas Inclusivas con la vicepresidencia y portavocía del Consell, abundando en que la líder naranja haría mejor centrándose en la coordinación y delegando la gestión, un debate zanjado siempre por Oltra y su equipo más cercano, dejando las cosas como son hoy. Habrá que ver ahora si el actual modelo de funcionamiento es el adecuado para llevar adelante el ambicioso plan Convivint durante los próximos cinco años o tienen razón quienes señalan los flojos resultados del trabajo de quienes eligen predicar y dar trigo al mismo tiempo.
EL PSPV-PSOE quiere que Isabel Bonig siga
Los socialistas valencianos andan muy preocupados por el cariz que está tomando el período precongresual en el Partido Popular. Cada día que pasa parece más evidente que la cúpula nacional que lidera Pablo Casado prepara el relevo de la actual líder conservadora, Isabel Bonig, y de su número dos, la secretaria regional Eva Ortiz, para abrir camino al actual presidente provincial del PP de Alicante y de la Diputación, Carlos Mazón. No se prodigan los del puño y la rosa en valoraciones sobre los movimientos de poder entre los populares: desean fervientemente que Bonig siga donde está, convencidos de que eso les permitirá mantener o incluso acrecentar la ventaja electoral cuando lleguen las urnas, dentro de dos años. Es la candidata ideal para los socialistas, y en el partido de la gaviota algunos se van dando cuenta. En los últimos días, en medios populares se sopesa el futuro mapa de poder regional, con el líder alicantino elevado a la escala autonómica (ya sucedió con Eduardo Zaplana) y una cierta pérdida de peso de la provincia de Valencia y muy especialmente de la capital. Pero en general no hay temor. La referencia conservadora en Valencia es cada vez en mayor medida María José Catalá, presidenta y portavoz en la ciudad, y ella sí está en la jugada de Pablo Casado, Teodoro García Egea, y Carlos Mazón. Seguro que no les resulta difícil establecer un reparto que dé equilibrio y visibilidad.