Los últimos datos publicados sobre la evolución de los principales indicadores socioeconómicos confirman tanto el inicio de una fuerte recuperación post-covid como la progresiva configuración de un nuevo paradigma en la gestión de crisis.
En el primer caso destaca el espectacular crecimiento del PIB (+19,8 % de variación interanual) que habría recuperado ya más de dos tercios de lo perdido desde el inicio de la pandemia y, según todas las previsiones, seguirá su expansión por encima de la media europea (6,8 y 4,5 %, respectivamente).
En cuanto al empleo, tanto las estimaciones de la EPA como los registros de afiliación a la Seguridad Social dan cuenta de un crecimiento sostenido de la población ocupada que se sitúa ya en 19,6 millones, la cifra más alta de la historia, tras la recuperación en sólo un año de más del 90 % de los puestos de trabajo destruidos, lo que en la crisis de 2008 requirió de más de una década.
Por su parte, la tasa de paro que durante la anterior recesión llegó a situarse por encima del 25 %, permanece ahora en torno al 15 % (prácticamente la misma que hace un año y apenas 1,3 puntos más que la registrada en el segundo trimestre de 2019).
Así pues, los datos avalan el efecto protector del escudo social desplegado por el Gobierno, en el marco de la concertación con sindicatos y patronal, mediante la adopción de medidas orientadas, por un lado, a mantener el empleo y la renta de los trabajadores más afectados por las restricciones de la pandemia así como ayudar a los colectivos más vulnerables y, por otro, a garantizar la liquidez de las empresas para preservar su capacidad productiva y facilitar su reactivación.
Los ERTE han operado durante todo el período como el principal mecanismo de protección del empleo al que, en el momento álgido de la crisis, se acogieron 3,6 millones de trabajadores (actualmente se ha reincorporado a su actividad el 92 %) que desde abril de 2020 han percibido más de 36.000 millones de euros en prestaciones sociales. Durante el mismo período, un millón y medio de autónomos tuvo acceso por primera vez a ayudas por cese o afectación parcial de su actividad, por un monto total de 7.160 millones de euros, lo que en conjunto eleva la tasa de cobertura de las prestaciones a una cuarta parte de la población ocupada. Por su parte, 1.100.000 empresas han recibido los avales del ICO (cien mil millones de euros hasta finales de junio) que les han permitido mantener o recuperar su actividad pese a las restricciones.
Así pues, a diferencia de crisis anteriores, en esta ocasión se ha optado por un modelo concertado y un reparto equilibrado de los costes entre Estado, empresas y trabajadores así como por una estrategia expansiva (fondos Next Generation EU y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) que configuran las bases desde las que avanzar hacia un nuevo contrato social que, frente a las fracturas generadas por la gestión neoliberal, demuestre en la práctica que la compatibilidad entre crecimiento económico y equidad social vuelve a ser no sólo necesaria, sino posible.
