El líquido tóxico acumulado en la comunidad internacional por la catastrófica experiencia de la Segunda Guerra Mundial se tuvo que drenar a fin de garantizar la no repetición de lo sucedido sobre la base de valores y principios como la paz, la libertad, el progreso social, la igualdad de derechos entre Estados y la dignidad humana. De ese drenaje nació la Carta de las Naciones Unidas (1945), tratado fundacional de la ONU. La Carta sustituye el derecho a la guerra por la prohibición de la fuerza en las relaciones internacionales, a excepción de la legitima defensa. El imperio de la ley se instauraba en el ordenamiento jurídico internacional. Con estos preliminares, centrémonos en Afganistán grosso modo.
Este país lleva cuarenta años de inestabilidad, como así ha puesto de relieve en sucesivas ocasiones la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos (hoy Consejo de Derechos Humanos), a la cual han contribuido las injerencias extranjeras: primero fue la URSS; segundo fue EE UU. Entre 1996 a 2001, el gobierno afgano estuvo en manos de los talibanes, aunque solamente fue reconocido por Paquistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos; pero estos dos últimos decidieron romper relaciones con tal gobierno semanas después del ataque terrorista sufrido por EE UU el 11 de septiembre de 2001.
A partir de entonces, principios tan básicos y valores tan esenciales como los señalados comenzaron a desmoronarse so pretexto de la guerra contra el terror bendecida por el inefable George W. Bush, demostrando que los supuestos países civilizados realmente esconden un bárbaro dentro, guiado por la ley de Murphy: por mala que sea toda situación es susceptible de empeorar, y Afganistán es un ejemplo.
A partir de octubre de 2001, el Consejo de Seguridad reconoció, una vez más, su preocupación por el terrorismo internacional, fijándose en los talibanes, que, previamente, ya habían sido foco de atención −resoluciones 1.267 (1999) y 1.333 (2000) −, con acusaciones de tráfico de drogas, exportación de terrorismo y violaciones de derechos humanos. En consecuencia, el órgano citado les impuso sanciones, incluidos embargos de armas y prohibición de viajar, entro otras. Las sanciones se vigilaban por medio de un mecanismo ad hoc, resolución 1.363 (2001). En aquella época convulsa, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, señaló que Afganistán era uno de los mayores desafíos para la ONU. Hoy, 20 años después, lo sigue siendo. En este sentido, la pregunta resulta inevitable: ¿aprenderán la ONU, EE UU, OTAN y UE, de los errores? Recordemos que se intervino Afganistán con el pretexto del terrorismo como amenaza para la paz y aduciendo legítima defensa por parte de EE UU y su senescal, Gran Bretaña, pero hemos de tener en cuenta que los responsables terroristas (Al-Qaida) no eran una entidad estatal ni el gobierno talibán fue reconocido por EE UU ni la ONU ni la UE, por lo que no se daban los requisitos jurídico-procedimentales para aducir legítima defensa.
En febrero de 2020, el presidente de EE UU, Donald Trump, firmó un acuerdo en Doha con los talibanes para la retirada de tropas norteamericanas de Afganistán. ¿Acaso este acuerdo era el preludio de un reconocimiento a futuro de un gobierno talibán? Las relaciones internacionales se mueven por el principio de efectividad, y ese acuerdo hemos de tenerlo en cuenta. Más aún, ¿con quién han negociados los aliados la salida de las tropas militares de Afganistán? Con los talibanes. ¿Esto supone un gesto más en el reconocimiento de los talibanes como actor político principal en Afganistán? Yo creo que sí. Este 10 de septiembre ya se ha formado un gobierno talibán. Moralmente me parecen deleznables, pero hay que ser claro: controlan casi todo el territorio. Y si se reconoce como gobierno, se le debe exigir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales por todos los medios jurídicos y políticos, en tanto en cuanto Afganistán es Estado parte en la mayoría de los tratados de derechos humanos, incluyendo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y Convención sobre los derechos del niño.
La ONU puede conservar algo de prestigio y relevancia si adopta una posición clara e inequívoca en Afganistán a través de la diplomacia, máxime cuando el poder del fusil auspiciado por EE UU ha puesto de relieve la estética de la guerra para contentar a las cámaras americanas en detrimento de la población afgana y del Derecho Internacional. Prudencia, inteligencia y menos soberbia.
