Año y medio después del estallido de la crisis provocada por la covid-19, los principales indicadores (tasa de vacunación, PIB, afiliación a la Seguridad Social, desempleo, producción industrial, etcétera) apuntan hacia una recuperación de la normalidad ciudadana y la actividad económica, cuya consolidación pasa por continuar con las reformas iniciadas y enfrentar las asignaturas pendientes de nuestro mercado de trabajo y modelo productivo.
El escudo social desplegado por el Gobierno, con el acuerdo mayoritario de los agentes sociales, para paliar el impacto socio-económico de la pandemia (ERTE, créditos ICO a empresas y ayudas a autónomos, Ingreso Mínimo Vital, prestaciones por desempleo...) constituye un auténtico cambio de paradigma en el modelo de gestión de la crisis y ha tenido un indudable efecto protector, garantizado el mantenimiento y/o recuperación del empleo y la actividad productiva (el 92 % de los trabajadores en ERTE se han incorporado ya), salvado de la pobreza a 710.000 personas y reducido la desigualdad (-1,2 puntos en el índice de Gini).
Es a partir de ahora, tras la fase de respuesta reactiva, cuando se inicia una nueva etapa definida por las estrategias proactivas de recuperación impulsadas por el gobierno de la nación y tendentes a modernizar nuestro sistema productivo y transformar en derechos permanentes las principales medidas coyunturales aplicadas durante la crisis, de las que citaremos seguidamente algunas que forman parte del debate más actual.
Tal es el caso, en primer lugar, de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de colaboración público-privada para potenciar la modernización de las empresas y avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento verde, digital, inclusivo y social, para lo que se dispondrá de financiación procedente de los fondos europeos Next Generation, de los que nuestro país ha recibido ya una primera transferencia de 9.000 millones de euros.
En cuanto a la protección del empleo, además de prorrogar la vigencia actual de los ERTE, se trata de avanzar hacia un modelo de regulación similar al ‘kurzarbeit’ alemán que ha demostrado su eficacia como estrategia de ajuste a las oscilaciones de la demanda y de la producción. Dicho sistema se basa en medidas coyunturales de flexibilidad interna (reducción de jornada, cobertura estatal de hasta dos tercios del salario y programas de recualificación profesional) que permiten evitar decisiones estructurales e irreversibles de flexibilidad externa (despidos) y contribuyen a la adaptabilidad empresarial, mantenimiento del empleo y reducción de la precariedad laboral.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), desde los 950 euros actuales hasta los 1.050 aproximadamente al final de la legislatura, constituye un compromiso gubernamental en aplicación de la Carta Social Europea y ha supuesto el primer bloqueo del diálogo social de los dos últimos años. Se trata de garantizar los ingresos básicos a un millón y medio de trabajadores que no disponen de convenio propio y permanecen en los márgenes del mercado de trabajo en situación de extrema vulnerabilidad, por lo que su mejora constituye condición necesaria para garantizar una recuperación justa que no deje a nadie atrás, pero no suficiente por cuanto persisten los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo (temporalidad, desregulación) que la anulación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral impuesta en 2012 por el gobierno del PP y la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores deberán resolver.
