El Tribunal Constitucional, a Cádiz, donde se aprobó la «Pepa» en 1812; el Instituto Oceanográfico, a Vigo; Navantia a Asturias; Turespaña, a Mallorca; y Puertos del Estado, a la ciudad que acoge el más importante recinto portuario del Mediterráneo, València. Estos son algunos de los elementos de la agenda de descentralización de organismos de ámbito nacional que el presidente Pedro Sánchez ha despachado en las últimas semanas con el jefe del Ejecutivo valenciano, Ximo Puig, principal adalid de la distribución de sedes oficiales por distintos puntos de España en el marco de un nuevo pacto autonómico que ha defendido esta semana en la isla de La Toja.
Sostiene el presidente valenciano que cuando se configuró el Estado de las Autonomías, hace cuarenta años, las administraciones regionales carecían de estructura, competencias y reconocimiento ciudadano. Pero hoy son entidades bien asentadas que gestionan servicios públicos básicos para la sociedad como la sanidad, la educación, los servicios sociales y hasta parte de la justicia, unas competencias que han quedado bien acreditadas durante la pandemia.
Naturalmente, las resistencias son y serán muy fuertes. Ha bastado que el plan de descentralización asomara sobre los escenarios del foro celebrado en la isla gallega para que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, enseñara los dientes advirtiendo que se trata de un nuevo ataque contra la capital del Estado. Y el amago de la lideresa ha sido suficiente para que un Gobierno demasiado timorato en esta cuestión haya matizado que la centrifugación de organismos afectaría solo a los de nueva creación. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de rebajar las expectativas, en las que ya se relamían presidentes autonómicos de distinto signo, esperanzados en que la aspiradora de Madrid libere recursos humanos y económicos que recibió de reyes y dictadores y que no le corresponden por derecho natural, a diferencia de lo que creen algunos titulares y muchos de sus juglares.
Nadie ha dicho que el camino vaya a ser fácil. En sus tibios comienzos, ya se planteó en 1992 trasladar el Senado, como la cámara de representación territorial que nunca ha sido, de Madrid a Barcelona, pero la iniciativa no fructificó, y cuando Pedro Sánchez la recuperó en 2015 ya se había convertido en un elemento de conflicto en el marco del proceso reivindicativo de autodeterminación en Cataluña. Rodríguez Zapatero, en una de sus primeras medidas en la Moncloa, aprobó en 2004 el traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la capital catalana, pero la Comunidad de Madrid recurrió y el Tribunal Supremo anuló el acuerdo. Funcionarios decidiendo el futuro de otros funcionarios que no querían dejar su oficina dentro de la M-30.
No pueden sorprender finales así cuando un juzgado es capaz de «imponer» que el general Millán Astray, apoyo fundamental de Franco en la guerra y en la posguerra, vuelva al callejero de Madrid recuperando la vía pública a la que daba nombre antes de que el gobierno municipal de izquierdas presidido por Manuela Carmena la cambiara por Maestra Justa Freire. El ayuntamiento de Martínez-Almeida, Ciudadanos y Vox se ha comido la sentencia sin recurrirla y repuso la placa dedicada al fundador de la Legión el 24 de agosto pasado en el céntrico distrito de Latina.
Del mismo modo que los ayuntamientos son soberanos para decidir los nombres de las calles, la Administración del Estado debe serlo para resolver dónde van las sedes de sus organismos públicos. La pandemia ha traído consigo una espectacular aceleración de la digitalización y también del teletrabajo, que puede ser hoy un sólido aliado de la descentralización del Estado. Si personas de la máxima cualificación profesional pueden elegir un lugar cómodo y e ideal para ejercer de nómadas digitales (Baleares, Canarias, la costa mediterránea... y trabajar gracias a una buena conexión de internet con su mundo), funcionarios de la Administración central, sus empresas y departamentos, pueden hacer lo mismo. De hecho lo están reclamando. Los niños en la escuela; el ocio abierto y sin restricciones; la vida, normalizada; y grupos de funcionarios y sus sindicatos exigiendo garantías para volver al trabajo presencial después de año y medio de atrincheramiento hogareño o telefónico, que de todo hay. El teletrabajo es una oportunidad para la descenttralización del Estado, que no es madrileñofobia ni libertad sino justicia redistributiva. Y a esto están todos obligados.
Casado y Mazón, a por todas en València
El Partido Popular de Pablo Casado ha dejado este fin de semana bien claro que va a por todas en la Comunitat Valenciana en las próximas citas electorales. València ha sido la única elegida para la convención itinerante conservadora de los últimos días que no tiene gobierno autonómico popular, y en ella se cierra hoy el periplo que ha pasado por Galicia, Madrid, Andalucía y Murcia con un mitin de los de antes en la plaza de toros. Casado sale de su semana grande con el respaldo expreso de Díaz Ayuso (aunque le haya costado más de lo esperado), y Carlos Mazón recibe el respaldo y el aliento de todos los suyos para enjugar la escasa diferencia, tres diputados, que separa a la derecha de recuperar el gobierno de la Generalitat, una diferencia que en el caso de la capital es de solo un concejal. Los populares están haciendo todo lo que creen que han de hacer para asaltar los muros del Botànic y en las filas de éste se multiplican las llamadas internas a la unidad de acción y el acuerdo, cada vez más difícil después de seis años de desgaste y numerosos desencuentros entre los socios, que pugnan a diario por la visibilidad en un mercado común. Deberían tener en cuenta que el ojo del amo engorda al caballo.