El Proyecto de Ley de Memoria Democrática constituye, por encima de todo y más allá de las respetables reflexiones jurídicas, políticas e históricas que leemos estos días, una decidida y valiente apuesta por la dignidad y la verdad de las víctimas olvidadas, y a la vez, un camino ineludible para el encuentro restaurativo y la convivencia democrática de todos los españoles.

 Sin embargo, todavía hay quienes le acusan de “intervenir con él en la memoria de los ciudadanos, para imponer un pensamiento único, propio de los Gobiernos totalitarios”. A ver si se enteran de una vez de lo que es la memoria para todo ser humano. Nadie puede intervenir en nuestra memoria, porque es parte intrínseca de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestra vida. Ningún Gobierno o Ley democráticos, ninguna dictadura, ninguna ley de amnistía pueden intervenir en la memoria de los ciudadanos y mucho menos para construir artificialmente una sola visión de la historia. En cambio, una dictadura, una ley de amnistía sí pueden amordazar la memoria de los vencidos, como hizo el franquismo; sí pueden silenciarla y condenarla al olvido. Pero nunca podrán cambiarla; porque la memoria pertenece a cada persona y la suma de todas las memorias individuales genera una conciencia o memoria colectiva que se convierte en una forma de justicia anamnética (memorial) para las víctimas. Por eso, el Proyecto de Ley ni pretende ni puede intervenir en la memoria de nadie. El Proyecto sólo es un instrumento liberador de la memoria de los vencidos; un estilete que viene a desatar su verdad y su memoria del yugo y las flechas del franquismo y del silencio de la transición, desde el reconocimiento paralelo a todas las víctimas inocentes que, lamentablemente, se produjeron durante la guerra en el lado después vencedor.

  Tampoco las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que componen el Gobierno de Coalición impulsor del mismo -Psoe y Unidas Podemos-suponen “una peculiar reconstrucción de la ley de Amnistía de 1977”, ni mucho menos, “un ataque a la Transición que solo lleva a la desunión entre los españoles”. Muy al contrario, constituyen solo un elemental recordatorio del deber de memoria que permitirá poner el foco de la presión social por la defensa de los derechos humanos de las víctimas donde debe estar, en los jueces y tribunales de este país, y que ayudará a levantar la niebla provocada por una interpretación jurisprudencial que utilizó la ley de Amnistía como tapadera para no investigar los crímenes contra la humanidad de la Guerra de España y del franquismo, con desprecio al derecho a la verdad y a la dignidad de las víctimas.

  Pero nadie con sentido común puede interpretar que esta enmienda cuestiona el proceso inicial de nuestra transición, ni mucho menos el logro conseguido por la presión de la ciudadanía y los representantes políticos de las fuerzas democráticas progresistas entonces. Cuestión distinta será la valoración ética que pueda hacerse de la justificación expresa o tácita de aquel proceso político que cada fuerza, a uno y otro lado del mismo pudo dar. Porque entre las fuerzas democráticas, unos lo hicieron desde la presencia del propio dolor sufrido e incluso advirtiendo de los riesgos del proceso, pero otros adoptaron una innecesaria actitud de apelación al olvido de todos y para todos. En la otra parte, hubo conversos a la democracia de toda la vida y quienes guardaron silencio, ocultos en el tumor no extirpado del franquismo, en espera de lanzar futuras metástasis invasoras de la nueva democracia. Los demócratas hicimos lo que se podía hacer en aquel momento, para recuperar la libertad y evitar otro baño de sangre, y fue el comienzo de un proceso que lamentablemente luego no se concluyó.

 Porque la transición de la dictadura a la democracia, como cualquier otro proceso de transición, nunca comienza por el final. Primero se recupera la libertad y se instrumenta el cese de la violencia y la represión; lo que nunca es fácil, porque la bestia siempre se resiste a dejar de soltar zarpazos. Después se van desatando los nudos que amordazan la memoria de las víctimas, para restaurarlas en su dignidad y para repararlas; al tiempo que se van tejiendo los mecanismos judiciales y extrajudiciales de investigación de la verdad y exigencia de responsabilidades. Y es cierto que se avanzó significativamente en el ámbito de las reparaciones económicas, si bien y fundamentalmente, lo fue en el marco de los derechos pasivos y muy poco en el nivel indemnizatorio. Pero olvidamos que un proceso de transición no puede hacerse sin verdad, sin memoria y sin justicia, si desde la recuperada libertad se pretende la reconciliación, o lo que es lo mismo, la superación definitiva del conflicto. Olvidamos la dignidad de las víctimas y olvidamos también que la reconstrucción de la verdad histórica, no solo la verdad del acto criminal, no es tarea exclusiva de los historiadores, sino que también se logra dando la palabra a las víctimas, reconociendo públicamente sus sufrimientos y, por lo tanto, rehabilitándolas en su dignidad de personas.

 La Ley de Memoria Democrática no viaja al pasado para cambiarlo, como también se dice desde posiciones negacionistas de la memoria, el dolor y las heridas abiertas, de quienes siguen sufriendo el desprecio del olvido y el silencio impuesto por la dictadura franquista y tampoco atendido en cuatro décadas ya de transición. Lo que el Proyecto de Ley pretende es precisamente todo lo contrario, a saber, que ese pasado que no pasa nunca, pase de una vez, y entre todos construyamos un verdadero camino para la convivencia democrática y el encuentro restaurativo de una sociedad fracturada por las mentiras, el dolor y el olvido, en toda su dimensión transgeneracional.  Finalmente, seguir afirmando que “lo que se pretende es reabrir heridas que ya están cicatrizadas”, supone una profunda falta de humanidad. La verdad no abre las heridas que siguen abiertas por el olvido y la mentira. Y como seres humanos, sabemos que las heridas provocadas por el terror, nunca podrán cicatrizar desde el desprecio y la prepotencia de los vencedores sobre los vencidos.

 “Así perviven las mentiras”. Con esta frase concluye Paul Preston su último libro (Arquitectos del terror), sobre la falacia ideológica utilizada por los golpistas contra la segunda República y después por la dictadura. Son días de conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nunca debemos olvidar que el más esencial derecho de toda víctima, es el derecho a la verdad. También este país necesita conocer la verdad, para poder frenar con éxito el crecimiento de ese tumor del franquismo que no pudimos extirpar en la transición y que luego dejamos crecer de forma amenazadora; porque solo esa verdad le desnudará y nos dotará de inmunidad. Necesitamos construir una sociedad que pueda sonreír al futuro, como nos recordaba el Papa Francisco no hace mucho, desde la verdad y la dignidad de las víctimas olvidadas. Y necesitamos también que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos y todo el dolor que quedó por el camino, para que desaparezcan el odio y la crispación, herederos de la impunidad, y se impongan el respeto y la alteridad.