Parece que vivimos en una era en la que las manifestaciones de buenos sentimientos, el gusto por el eufemismo y el activismo de sofá son protagonistas. Da la sensación de que un sentimentalismo empalagoso lo impregna todo, para esfumarse en el siguiente clic. Sin embargo, no es cierto que el conjunto de la ciudadanía viva ajena a la relevancia de lo común. Más bien al contrario, una parte significativa de la sociedad es consciente de la importancia de reivindicar, proteger y garantizar los derechos que nos unen como seres humanos en cualquier parte del planeta. Pero no basta con querer, hay que saber. Superar el activismo de sofá exige educar en derechos humanos, para pasar a la acción.

Naciones Unidas definió la educación en derechos humanos al inicio del decenio 1995-2004, dedicado precisamente a esta cuestión, como el «conjunto de actividades de capacitación, difusión e información encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimientos y moldeando actitudes, y cuya finalidad es: fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano; promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos; facilitar la participación eficaz de todas las personas en una sociedad libre; e intensificar las actividades de las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz». Varias décadas después, aún no se ha conseguido alcanzar buena parte de estos propósitos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como piedra angular del estándar internacional en esta materia, sigue siendo clave para potenciar un conocimiento riguroso de estos derechos y favorecer el desarrollo sostenible que sustenta la Agenda 2030 de la ONU con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A diario leemos o escuchamos noticias sobre problemas relacionados con la falta de libertad de expresión, sistemas de salud precarios, la desigualdad o la inseguridad, que nos preocupan pero que pensamos que no podemos contribuir a solucionar. En España, por ejemplo, observamos dificultades en el acceso a la vivienda, el paro juvenil o los obstáculos al derecho al asilo, entre otros. La cuestión es si la ciudadanía es capaz de reconocer que, en estos casos, muchas veces estamos ante vulneraciones de los Derechos Humanos y que como tales deben reivindicarse.

Educar en derechos permite el desarrollo integral de las personas y el fortalecimiento de una convivencia basada en los valores democráticos. Es una oportunidad para desarrollar un pensamiento crítico que permita exigir a los poderes públicos el cumplimiento sus obligaciones. Además, ese conocimiento, facilita el ponerse en el lugar del otro para saber respetar la diversidad desde el principio de interdependencia humana. Educar en derechos también es proporcionar habilidades de comunicación interpersonal y de solución no violenta de conflictos.

Un simple repaso de la bibliografía existente sobre este tema nos sitúa ante una enorme pluralidad de propuestas: desde las que demandan la enseñanza de los derechos humanos como un mero contenido instructivo, hasta las que pretenden dotarlos de un papel central. De lo que no cabe duda es de que hay que dejar de procrastinar en la asunción de la responsabilidad que como sociedad nos corresponde en las causas subyacentes de las violaciones de estos derechos. Las personas como titulares de libertades y la sociedad civil organizada, en sus múltiples formas (ONGD, sindicatos, movimientos y asociaciones), deben jugar un papel determinante y comprometido en esta formación en derechos.

La educación en derechos humanos es la condición indispensable para su promoción y protección. El derecho a la educación constituye un medio y un fin para la consecución de una sociedad formada en derechos humanos y, por tanto, más crítica y permeable a interiorizar los valores que inspiran una democracia. Puede establecerse una correlación entre educar y enseñar derechos humanos, una ciudadanía más participativa y una democracia más sólida, dado que las personas se sentirán en disposición de buscar y alcanzar los propios planes de vida, pero al mismo tiempo considerarán que tales fines particulares sólo pueden conseguirse cuándo son dueñas también del destino de la comunidad política en la que viven. De esa forma, los distintos tipos de derechos juegan como una unidad al servicio del individuo y de la sociedad de la que participa. Ante los déficits de la calidad de las democracias actuales, es inaplazable impulsar la formación para conseguir una ciudadanía educada en derechos humanos.

Todo esto se tratará en el próximo congreso sobre Derechos Humanos y Educación, organizado por la Fundación Mainel, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos y el Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universitat de València. El encuentro será los días 3 y 4 de febrero en el Ilustre Colegio de Abogados y en él se darán cita expertos internacionales de reconocido prestigio que aportarán reflexiones de actualidad sobre el derecho a la educación y la educación en derechos. Es, sin duda, una buena oportunidad para abandonar el sofá.