Como todos los años desde 1983, cuando se elevaron los derechos de los consumidores a una posición de reconocimiento y legitimidad internacional, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, instituido por la ONU.

Esta celebración nació el 15 de marzo de 1962, cuando John F. Kennedy pronunció un discurso en el que se consideró al consumidor, por primera vez, como un elemento fundamental dentro del proceso productivo.

Es, por tanto, una fecha importante para reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, los procesos de producción y cómo van desapareciendo los recursos naturales, y darnos cuenta de que, a este ritmo acelerado, nuestro planeta no puede mantenerse.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de la Agenda 2030 quiere garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles para proteger el planeta, pues, de acuerdo a las cifras establecidas por la ONU, tan sólo un 20% de la población consume un 80% de todos los recursos existentes en la tierra.

Es evidente que cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena, reduciendo el consumo de plástico desechable, apoyando la industria local y nacional responsable social y medioambientalmente, adquiriendo productos de temporada, siendo consumidores críticos y responsables o separando adecuadamente los residuos.

Pero no hemos de olvidar que uno de los principales derechos del consumidor es el derecho a la información. Una información veraz, según lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Española; una información correcta, según el art. 8 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y una información precisa y comprensible, según su art. 17.

Porque tenemos derecho a elegir, y no podemos realizar elecciones correctas sin una información verdadera, clara y transparente.

Y si eso es así para decidirnos a adquirir bienes y servicios, mucho más importante es el derecho a acceder a la información pública, que viene regulado en el artículo 105.b de la Constitución Española, y desarrollado por la Ley de Transparencia.

Ya existen, en muchas administraciones españolas, los Portales de Transparencia, que permiten acceder a la información de la Administración del Estado prevista en la Ley, cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

Porque, por desgracia, y como decía un sabio, «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».

La transparencia es, por tanto, el elemento mediante el cual los gobiernos pueden dar cuenta de sus acciones, un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos, de una sociedad democrática y pluralista, y la que los ciudadanos, consumidores y usuarios, tenemos derecho a exigir.

El derecho de acceso a los documentos públicos proporciona una fuente de información para el público, nos ayuda a formar una opinión sobre el estado de la sociedad y de las autoridades públicas, fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de esas autoridades públicas, ayudando a que se afirme su legitimidad.

Y, además, tenemos instrumentos, como la Agencia Valenciana Antifraude en nuestra Comunidad, que ayuda a prevenir, investiga y combate el fraude y la corrupción, protegiendo a las personas denunciantes. Ayuda a conseguir la integridad y ética pública, y fomenta una cultura de buenas prácticas y de rechazo al fraude y la corrupción en las políticas públicas y en la gestión de los recursos públicos.

Fundación por la Justicia, apoyando a nuestra Agencia Valenciana Antifraude y con el respaldo de entidades como la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, lleva adelante, desde hace varios años, proyectos de educación y fomento de la cultura de la transparencia, para contribuir a la mejora del conocimiento de los tres pilares que conforman el Gobierno Abierto: la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la Participación Ciudadana y, como espacio de reflexión y debate en torno a experiencias y conocimiento en el desarrollo, construcción y ejecución de herramientas de evaluación de ese Gobierno Abierto.

Porque el derecho a la información de los consumidores no se limita a elegir bienes y servicios, tenemos una responsabilidad para conseguir una sociedad pacífica, democrática y responsable.