Un día de abril, hace 27 años, moría en Pakistán Iqbal Masih, un niño de tan sólo 12 años asesinado por las mafias del negocio de las alfombras a las que había sido vendido por su propio padre a cambio de un préstamo. Esclavizado durante seis años, obligado a trabajar atado al telar durante más de 12 horas al día, a los diez años decidió denunciar las condiciones laborales en las que se encontraba al igual que muchos otros menores. Se convirtió en un líder activista contra la explotación infantil y en un personaje cada vez más incómodo, hasta que un disparo acabó con su vida. Por eso cada 16 de abril se conmemora el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.

De acuerdo con la Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956, entregar un niño o una niña a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote su persona o su trabajo constituye una práctica análoga a la esclavitud. Según las estimaciones más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 160 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años están en situación de trabajo infantil forzoso y casi la mitad de ellos realizan trabajos peligrosos que ponen directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral. A ellos se suman todos los casos de explotación y esclavitud infantil que quedan ocultos al tratarse de un fenómeno sumergido.

Los niños y las niñas son, por obvias razones, mayormente expuestos al riesgo de verse sometidos a las formas contemporáneas de esclavitud, que no se agotan en las distintas manifestaciones de trabajo infantil, sino que abarcan la servidumbre doméstica, el matrimonio infantil, el reclutamiento forzoso por grupos armados ilegales y la esclavitud sexual, entre otras. Son niños y niñas invisibles, explotados dentro del hogar, en las plantaciones, en las fábricas y hasta en campamentos militares y campos de batalla. Son niños y niñas que no tienen voz o cuya voz ha sido truncada de un día para otro. Son niños y niñas que deberían cantar y reír con sus bellas voces. Y no. Se les priva de lo más precioso que esta fase de la vida nos brinda, la inocencia. Sin contar que la infancia es una etapa de vital importancia en el desarrollo de la persona, en la que nos formamos como individuos.

De víctimas a victimarios, de sirvientes a esclavos, de niñas a esposas y esclavas sexuales. Además de las terribles consecuencias que todo tipo de explotación y violencia suponen a nivel físico, mental y emocional, las formas contemporáneas de esclavitud, en las que incontables niñas y niños puedan verse atrapados, no hacen sino perpetuar el círculo de violencia, pobreza, explotación y también de subordinación femenina. No es difícil adivinar cuáles son los riesgos adicionales a los que una niña acaba por enfrentarse por el simple hecho de ser mujer: millones de niñas esposas, niñas soldado y niñas traficadas siguen siendo explotadas y esclavizadas sexualmente para satisfacer las «necesidades» de hombres que de humano sólo tienen el aspecto.

Acabar con la esclavitud infantil es un deber ineludible y un compromiso moral in-transigible, ya que atenta a la dignidad humana y a la propia esencia del ser humano. Es inaceptable que siga habiendo niñas y niños explotados y esclavizados, aun cuando la comunidad internacional desde hace más de 90 años adoptó la Convención sobre la esclavitud y, más recientemente, con ocasión de la aprobación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se comprometió a introducir todas las medidas necesarias para erradicar el trabajo forzoso y poner fin a las formas modernas de esclavitud, tales como la trata de personas y las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados (ODS 8.7). Para podernos acercar a esta meta, por un lado, es indispensable que la voluntad política se traduzca en actuaciones efectivas dirigidas a proteger a las víctimas, prevenir la comisión de estas conductas delictivas y condenar a los responsables. Por otro lado, no se puede prescindir de la acción conjunta de los gobiernos, del sector público y del sector privado, de las instituciones, de las organizaciones y de la sociedad civil.

Consciente del papel de la sociedad civil y de la ciudadanía en su conjunto en denunciar las injusticias, reivindicar lo exigible e incidir en la adopción de decisiones, Fundación por la Justicia apuesta en sus proyectos por el fomento de una ciudadanía crítica y comprometida, que no permanece pasiva ante los abusos y que pasa a la acción. Porque concienciar y formar significa también visibilizar y no dejar que violaciones de derechos humanos queden en las sombras.