El proyecto PISA tiene como finalidad evaluar los niveles medios de rendimiento académico del alumnado de 15 años de edad en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Se estima, como referencia promedio, que a esta edad en todos los países se concluye la educación obligatoria. PISA se aplica cada tres años y se administran pruebas estandarizadas dirigidas a medir niveles de competencia en matemáticas, ciencias naturales y comprensión lectora. En cada aplicación se evalúan las tres competencias, aunque cada una es objeto de un análisis en mayor profundidad en cada periodo evaluado, de forma que se podría señalar que se analizan con mayor detalle los niveles de cada una de ellas cada nueve años.
El año pasado, como consecuencia de la pandemia, se aplazó la recogida de información que correspondía al curso 2020/21. Esta se realizará en mayo de este curso. Se analizarán como competencia principal, la matemática y, como secundarias, ciencias naturales y comprensión lectora. Como innovación, se evaluará el pensamiento creativo en el contexto actual, dominado por las tecnologías de la información y comunicación.
Los resultados que ofrece el proyecto PISA son diversos, pero lo que concita mayor atención social es el ranking de países -¿en qué orden queda cada uno de ellos?-. Si cada país realizara un estudio adicional acerca de lo que implican los resultados propios para orientar la política educativa detectando informaciones que pudieran llegar a orientar decisiones acerca de qué enseñar y cómo enseñar, PISA tendría mayor utilidad. En España las leyes no son consecuencia de estudios evaluativos, ni de investigaciones pedagógicas, sino parece que son consecuencia del criterio del político que gobierna el Ministerio en cada momento; pero ese es otro tema.
El problema es que, de momento, si por algo se caracteriza PISA en España es por ofrecer unos resultados que sirven para que los políticos discutan sobre si estamos peor o mucho peor que la media de la Unión Europea (UE) o de los países de la OCDE y llenar la prensa y los informativos de radio y televisión con titulares sobre los problemas de la educación en España. Lamentablemente, este uso es muy limitado y partidista. Desde cada partido se opina siempre que la culpa de que la educación no presente mejores resultados es del otro. En cualquier caso, está muy estudiado que España está en la media de los países de la UE y de la OCDE. No está peor, como habitualmente se indica. Incluso, se identifica una España norte y otra sur, en la que las comunidades autónomas (CCAA) del norte obtienen niveles medios similares a los países con mayor puntuación y, las del sur presentan niveles ligeramente inferiores a la media de la UE y de la OCDE, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa; es decir, pueden seguir considerándose en la media.
Asimismo, se identifica que las desigualdades entre CCAA españolas se asocian a desigualdades económicas y a la tipología de sectores empresariales que prevalecen en cada una de ellas. De este modo, por ejemplo, en comunidades donde predomina el sector turístico frente a otros de carácter industrial o tecnológico, aunque exista un nivel de renta similar a otras comunidades del norte, los niveles de rendimiento que se observan en PISA suelen ser más bajos.
Las dificultades que se agregan al proyecto PISA es que no se sabe qué efectos ha tenido la pandemia en cada país, ni dentro de España, en cada comunidad autónoma. El modo en que las escuelas han afrontado la pandemia ha sido muy variable y sería necesario que se estudiara en profundidad el tiempo de ‘desaparición de la escuela’ en cada centro que se incluya en la muestra de PISA. Desconocemos si los coordinadores del proyecto en la OCDE van a tener en cuenta este hecho para intentar explicar si se dan diferencias en rendimiento entre países o, dentro de cada país, respecto a sus regiones.
Esos estudios serían necesarios para no crear debates sobre realidades desconocidas. Si nos encontramos con diferencias que no sabemos explicar sería un esfuerzo y un gasto innecesario haber realizado este proyecto. A la par que, como consecuencia, se generarían debates políticos indeseables, que no conducen a nada, porque se dan simplemente desde el interés partidista y con gran desconocimiento acerca de los motivos por los que se dan unos resultados y no otros.
Aún estamos a tiempo, aunque sea en España, de incorporar estudios que ayuden a comprender los resultados que puedan darse en PISA. Podrían hacerse desde cada comunidad autónoma o a nivel estatal. Pero lo que parece claro es que una aplicación de pruebas a alumnado que ha tenido cursos anómalos y en los que pueden darse diferencias a causa de cómo se gestionó la escolarización durante el confinamiento y cómo ha afectado el cierre de aulas según la incidencia que haya tenido la pandemia en cada centro escolar, no tiene utilidad y puede considerarse que, al final, es evaluar por evaluar, pero no para que sea útil a la sociedad.
