Nunca me ha gustado la estrategia de quienes ejercen un feminismo que victimiza a las mujeres como si estuviéramos en un heteropatriarcado misógino similar al de los países musulmanes. La última muestra de este combativo feminismo ha sido considerar la menstruación como una enfermedad, algo que, a poco que prestemos atención, se desprende del anteproyecto de la Ley del aborto y salud menstrual aprobada el pasado martes por el consejo de ministros.
En defensa de esta ley, la ministra de Igualdad Irene Montero dijo que el objetivo de legislar sobre la menstruación es «acabar con el estigma y la vergüenza y garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y puedan desarrollar sus proyectos de vida con total garantía de sus derechos». Sin embargo, lo que en verdad suceda tal vez sea que las mujeres con dismenorrea (y por extensión todas las mujeres en edad fértil) pasen a ser unas enfermas a plazos a las que un médico entregará un informe que les permita no trabajar hasta tres días cuando tengan una menstruación dolorosa (que no haya respondido previamente al tratamiento farmacológico prescrito), tres jornadas de baja laboral que cobrarán desde el principio, con un coste a cargo del Estado y sin la carencia de tres días que penaliza a las bajas por enfermedad.
Dice Montero que esta es «una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, un medidor de la calidad democrática de un país», y también que «España es el primero de Europa en reconocer la salud menstrual como un derecho», declaración esta última falazmente triunfalista, pues es difícil imaginar que las mujeres escandinavas o alemanas soporten un trato discriminatorio por culpa de sus menstruaciones.
No obstante, no todos los miembros del Gobierno se han mostrado partidarios de este anteproyecto de ley que, finalmente, ha sido aprobado por el consejo de ministros del Gobierno socialista debido a la servidumbre que le imponen sus socios de la izquierda más radical para que el PSOE conserve la mayoría absoluta
Pero volvamos al estigma y consideremos que si por ley será el criterio de cada mujer quien decida durante un año que días estará o no en condiciones para ir a trabajar en función de la incapaz que le ocasiones la mentruación, es posible que se despierten susceptibilidades por parte de los compañeros de trabajo y los empleadores, algo que supondría estigmatizar aun más al sexo femenino. Nadia Calviño, ha sido rotunda desde el principio al afirmar que «… este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca adoptará medidas que estigmaticen a las mujeres».
Otro aspecto cuestionable es que los promotores de esta ley se atribuyen el mérito de haber conseguido un logro social con la baja menstrual, una falacia si consideramos que desde siempre, los médicos del Sistema Nacional de Salud han contemplado estas incapacidades laborales dando la baja por dismenorrea cuando ha sido necesario. Dicho de otros modo, esta ley podría estigmatizar aun más a las mujeres al reinventar, con premisas engañosas, un derecho que ya existía y que, en la práctica, sólo necesitaba ser regulado en su procedimiento, por ejemplo limitándose a valorar qué medidas beneficiarán a las mujeres por su singularidad fisiológica debida a la menstruación. En este sentido, cobrar la baja desde el primer día es sin duda una iniciativa plausible, pero dejar en manos de cada mujer con dismenorrea la decisión de cuando no ir a trabajar —durante un año— por el dolor de la regla marca un trato preferencial y también discriminatorio, por ejemplo, con quienes sufren de migraña y cada vez que tienen un brote (a veces son varios cada año) han de acudir —el paciente o un familiar— al médico para que expida el permiso o la baja pertinente. Nadie mas que un médico debe decidir en cada proceso si procede una baja por enfermedad.
Como mal añadido, esta medida puede propiciar que en las entrevistas de trabajo se pregunte a una mujer si tiene o no reglas dolorosas, algo que no es legal pero que se hará, al igual que se le pregunta si tiene intención de ser madre. Si bien es cierto que estas prácticas contra la privacidad son denunciables, no es frecuente que se presenten denuncias por miedo a no conseguir el puesto de trabajo al que se aspira.
La polémica está servida, y mientras la ministra de Economía, Nadia Calviño, entiende que la legislación actual ya permiten a los médicos dar bajas laborales por dismenorrea, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se sube al carro de Irene Montero y considera «importante que esta baja se contemple en una ley ya que son las leyes las que garantizan los derechos ante una política laboral profundamente masculinizada frente la que hay que actuar con política laboral de género».
Para finalizar, quisiera matizar que la polémica creada con la ley de salud menstrual no es cuestión de ideología sino de planteamientos, y un buen ejemplo lo encontramos al comprobar como los dos sindicatos mayoritarios de izquierdas opinan de un modo distinto, pues si bien UGT está con la tesis de Nadia Calviño, CCOO se suman a la propuesta de la ministra de Igualdad.
