A mediados de julio de 2018, la ministra Teresa Ribera anunciaba ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados la intención del Gobierno de cerrar el parque de centrales nucleares españolas, según vayan alcanzando el final de su vida útil, es decir los 40 años de funcionamiento.

Desde entonces mucho ha llovido y diversos han sido los acontecimientos que han estado relacionados de una u otra manera con la energía en sentido amplio, y con el suministro eléctrico en un ámbito ya más concreto. Un país desarrollado debe contar con instalaciones de producción de energía mediante fuentes diversificadas y seguras, complementadas con una red eléctrica nacional bien trenzada y conectada. Además debe existir una oferta de esa producción energética a precios asequibles para el tejido empresarial y el consumo ciudadano. Finalmente, este sistema o plan energético debe ser respetuoso medioambientalmente en un marco de sostenibilidad climática.

En los últimos dos años, uno de los temas candentes que ha ocupado la cabecera de noticias, ha supuesto la preocupación de agentes sociales, el quebradero de cabeza de gobernantes y el arma arrojadiza de la oposición, ha sido sin duda alguna, el precio de la electricidad que de manera inexorable todos consumimos.

Los vaivenes del consumo de energía mundial durante los dos años de Covid-19, las necesidades de abordar los requisitos del cambio climático, el reciente compromiso de la Unión Europea de incluir la energía nuclear y el gas natural en los criterios de financiación verde, todo ello unido a las represalias rusas de suministro de gas como respuesta a los bloqueos financieros occidentales por la guerra de Ucrania, están provocando una gran inestabilidad de los mercados energéticos mundiales.

Cada país debe analizar sus propias circunstancias y buscar las soluciones que más le convengan y garanticen su demanda energética a corto, medio y largo plazo, replanteándose decisiones anteriores por las actuales circunstancias. El gigante chino está incrementando considerablemente la producción eléctrica con carbón. Alemania de igual forma está reabriendo plantas de generación de electricidad con carbón, desoyendo el consejo de sus sabios expertos energéticos que solicitan postponer el apagón nuclear. Bélgica ha retrasado 10 años el cierre progresivo de sus instalaciones nucleares. En Corea del Sur su gobierno solicita la autorización de cuatro nuevas plantas nucleares de generación eléctrica.

En nuestro país, las últimas decisiones políticas han provocado un volantazo en las relaciones con los países del Magreb por la soberanía del Sahara Occidental, introduciendo una perturbación considerable en el suministro del 30% del gas consumido por España procedente de Argelia. Se ha roto el acuerdo de amistad entre ambos países reduciendo la aportación de gas, subiendo el precio y sobre todo eliminado la gran ventaja del suministro mediante gaseoducto que no hacen necesario los costes suplementarios para licuar, transportar y regasificar. Teníamos un precio más bajo que el referenciado en el mercado y ahora deberemos comprar a EEUU gas licuado con un considerable incremento de costes.

Nos preguntamos por tanto cómo vamos a paliar nuestras necesidades energéticas para dar cumplida respuesta a las demandas de energía eléctrica en nuestro país con garantías para no tener cortes de suministro, pagar un precio por lo menos no tan caro y respondiendo a los compromisos climáticos de la Agenda 2030.

¿ Seremos tan necios o alocados quijotes para prescindir del 22% de la electricidad generada en nuestro país de origen nuclear, con unas instalaciones modélicas funcionando a la perfección, cuando en países como Estados Unidos donde residen las centrales nucleares de referencia para la seguridad, están prorrogando las operaciones de sus plantas nucleares hasta los 60 e incluyo 80 años, siempre sujetas a programas permanentes de inspección.

Mucho me temo que frente a estos argumentos sólidos, razonables y contundentes, planteados en momentos de crisis energéticas en el entorno mundial, cuando debe contarse con todo lo que un país dispone para enfrentarse a las demandas y precios energéticos, aparecerá la irresponsabilidad política a la que tanto estamos ya acostumbrados y de un plumazo, por pura y mera ideología progresista dicen algunos, se cerrarán siete mil megavatios de producción eléctrica nuclear que suponen el gran soporte de estabilidad de nuestra red eléctrica nacional, confiando en la energía renovable cuya contribución debe crecer de manera progresiva y consolidada.

Será un tremendo error político de incalculable daño sectorial y una aberración energética como pocas veces se han acometido. Aún estamos a tiempo, reflexionemos sobre la mejor decisión para nuestro país. La esperanza dicen, es lo último que se pierde.