Como cualquier contribuyente

Si la fiscalidad no existiera desde tiempos remotos tendríamos que inventarla porque nadie, individualmente, es capaz de atender a sus propias necesidades y desde el asfalto que pisamos, las carreteras, la educación, la sanidad hasta la eliminación de residuos requieren una acción conjunta que se encomienda a las Administraciones y, pensemos que la tención de los enfermos del Covid 19 ha supuesto un gasto por paciente que en casos de atención en la U.C.I se ha elevado a los 30.000. Como la contribución a los gastos generales es escalonada y paga quien más tiene, las clases pudientes, en general conservadoras, mayoritariamente conservadoras, claman por una reducción y, en su caso, la eliminación de los gravámenes utilizando a sus partidos políticos alguno de los cuales ha llegado a afirmar, sin ruborizarse, que a menos impuestos mayor recaudación o que el Gobierno se queda con nuestro dinero. Esta actitud se ha convertido en la particular batalla entre las CC.AA. iniciada por la de Madrid. De ella han partido las desgravaciones fomentando la competencia territorial desleal para el desarrollo económico y se ha propiciado el fraude fiscal fingiendo un domicilio distinto del que realmente se tiene. Y como los ciudadanos jamás nos identificamos con el poder al que, desde que toma posesión, convertimos en la diana de nuestras críticas, incluso a los que votamos, las arengas políticas han hecho efecto en los ciudadanos reacios a dar y exigentes a la hora de pedir, que se han quedado con la música sin entender la letra de la arenga y otras CC.AA. han adoptado medidas reductoras enfrentándose al criterio del Gobierno que, finalmente, también ha declinado en pro de la demagogia. Lo que no hace público, y todos deberíamos saber es si con estas medidas han calculado el costo-beneficio para la sociedad porque todos recogemos parte de lo que damos. Haciéndonos eco de recientes publicaciones la reducción del IRPF en un 1% afecta a 1.344.000 contribuyentes con una media de 111€ de ahorro medio en la declaración de la renta. Matemáticamente, esto supondría que se dejarán de recaudar 162,624.000 € con los que podrían construirse cuatro hospitales o, por ejemplo, miles de viviendas y tal vez en un futuro inmediato, lamentemos que la aminoración nos incluya en esa lista de 65.700 valencianos pendientes de una operación quirúrgica. En modo alguno afirmaríamos que nuestra fiscalidad sea el más justo ni el más idóneo y, sin duda ninguna, entendemos que los sistemas recaudatorios son asfixiantes e intolerables porque no es admisible que se vulnere el derecho constitucional a la intimidad controlando hasta el mínimo gasto, escrutando el origen del dinero con que pagamos nuestras compras y, mucho menos, utilizando a la Banca privada en colaborador necesario que se enriquece con las comisiones que percibe por nuestras operaciones, o que se renuncie a tantas herencias porque no se pueda afrontar el gasto de transmisiones, o que empresas y comercios se vayan a poique destruyendo puestos de trabajo porque si no es el Estado es la CC. O el Ayuntamiento quienes exigen tasas insostenibles y, con ello, no solo se destruyan puestos de trabajo sino que se incremente el número de parados con los subsidios a cargo del dinero público El sistema fiscal clama por una reforma a fondo mucho más justa y humanizada; pero el punto de partida ha de ser el análisis de las necesidades reales de las Administraciones públicas necesitan para cumplimiento de las funciones encomendadas y no se conviertan en un importante consumidor de los recursos; simplifiquen y eliminen trámites innecesarios, agilicen los circuitos procedimentales, prescindan de tanta nómina y edificio y resuelvan y compatibilicen nuestros derechos e intereses en vez de ser un obstáculo. Acorten la larga lista de los exentos de impuestos, no subvencionen películas ni espectáculos de toda índole que o no se estrenan o la taquilla demuestra que no interesan. Y tampoco premien la ilicitud, la negligencia o la falta de previsión a pretexto de catástrofe porque, de lo que algunos ejhemplos nos ofrece La Palma en que viviendas construidas en lugares inadecuados llamadas a un expediente disciplinario con la consiguiente multa y orden de demolición o aseguradas en 85.000€ reciban, además de la póliza, hasta el triple del valor asegurado. Un largo etcétera de pequeñeces que cuando se suman arrojan cifras astronómicas. Seguro que acotar el límite del gasto público permitirá bajar los impuestos mucho más del 1%. Porno duele lo que se paga sino lo que se Si se dilapida.