El anuncio de la rebaja fiscal de Ximo Puig para familias con ingresos inferiores a sesenta mil euros abrió la veda en el PSOE, en lo que ha sido la primera gran rebelión de los líderes autonómicos contra Pedro Sánchez. Un socialista se atrevía a salirse del discurso oficial y bajaba impuestos, siguiendo así la tesis de los liberales de que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos que en la insaciable caja de la Administración.

En el fondo, todos los responsables políticos buscan vías que permitan que el ciudadano con menos poder económico siga gozando de lo que hoy llamamos Estado del Bienestar. No es algo de ahora, está en la Constitución, artículo 1: España es un Estado social y democrático de Derecho. Por eso, lo de que quien más tiene, más pague, no es un hallazgo de Sánchez.

Ahora bien, resulta sorprendente que un mismo ciudadano de nuestro país disfrute de diferentes auxilios en función de donde resida. Hoy, en España, una persona que se halle en situación de necesidad urgente encontrará tantas rentas básicas de inserción como territorios autonómicos hay. Es decir, una familia no cobrará lo mismo si es andaluza o si es vasca o valenciana. Ni tampoco los requisitos para optar a estas ayudas serán los mismos. Un navarro recibe setecientos euros más por habitante en política social que un valenciano, por poner un ejemplo.

Lo mismo cabría decir de los tiempos de espera para ser atendido o intervenido en la Sanidad pública. Pero es que unos padres no van a tener la seguridad de que la escolarización de sus hijos va a ser similar en Alicante que en Cádiz: es imposible cuando la inversión por alumno es tan dispar en cada territorio.

Aquí llevamos años a la cola en cuanto a financiación: no nos ha servido para mejorarla ningún cambio de color político. Lo de Baldoví en Madrid ha sido una broma pesada.

Hay aspectos del Estado del Bienestar tan necesarios que deberían asegurarse unos derechos básicos similares a todos los ciudadanos. Las diferencias tendrían que limitarse a aquellos campos que no inciden directamente en la calidad de vida. Es cierto que una buena carretera reduce la siniestralidad, o que un buen transporte te facilita la vida, pero no es equiparable a una intervención sanitaria o a un salario social para poder subsistir. 

Lo sorprendente es que el gobierno de hoy, tan obsesionado por la igualdad de clases, no haya reparado en la igualdad de territorios, que se traduce también en desigualdad entre las personas.