Nuevos derechos y nuevos paradigmas: La titularidad de los ecosistemas

Soy profesora de derecho procesal y dicha disciplina no se encuentra ajena a dicho movimiento o inercia transformadora. Asistimos, por ejemplo, a una incipiente y revolucionaria digitalización de la Justicia, dando sus primeros giros hacia el uso de la inteligencia artificial como forma de asistencia al juez -a sabiendas que nuestra imaginación de ahora no alcanza a la realidad del mañana-. Igualmente, comienza a vislumbrarse por la propia Justicia necesidad de reinterpretar muchos aspectos del derecho con perspectiva de género (Sentencia del Tribunal Supremo 2003/2018, de 24 de mayo), libre de estereotipos que llevan a discriminaciones de la mujer. Pero éste no es el único instrumento de interpretación novedosa para nuestros órganos jurisdiccionales, sino que los cambios de valores y paradigmas llegan incluso al ecocentrismo, al hecho de tomar las decisiones que protejan la vida y el planeta lo mejor posible. También los derechos de los animales han pasado a un primer plano dentro de este movimiento ecosocial. Es decir, asistimos a la inauguración de la era del Antropoceno, época geológica donde se ha evidenciado que el homo sapiens es el homo destructor del entorno en el que vive, de la naturaleza, de ahí que la entrada en esta etapa haya venido acompañada de la toma de conciencia de las necesidades de cambios epistemológicos desde todas las áreas de conocimiento y todos los aspectos de la vida. En este sentido, recientemente se ha aprobado en España la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Es la primera vez en España –y de las primeras en Europa- que se reconoce personalidad jurídica a un ecosistema medioambiental.

Esto supone dotar de derechos a esta laguna y su ecosistema, reconociendo su diversidad biocultural como titular de acciones para su defensa. Es un cambio en la perspectiva, pasar de ser objeto a ser sujeto, porque quien tiene derecho a pedir su tutela es la propia laguna o Mar Menor; solo necesitará una «voz que le represente» para poner palabras -pedir y defender- conforme a sus intereses como laguna. Esta ley no solo afecta a la legitimación del Mar Menor, sino que crea todo un régimen de obligaciones positivas y negativas para la Administración pública, es un cambio en la forma de observar ésta el planeta y su deber de protección. Muy especialmente tiene valor en este camino la Resolución de Naciones Unidas de 28 de julio de 2022 que reconoce como derecho humano el derecho a disfrutar un medio ambiente sano y a una naturaleza que asegure la vida saludable y sostenible para las generaciones futuras. Ello implica frenar ya en nuestra forma de consumo y de producción, en nuestro comportamiento vital y, por tanto, exige de los Estados una transformación de sus políticas, de su economía, de su cultura y educación de hábitos en la ciudadanía y tejido empresarial. De otra forma, habrá responsabilidad para el Estado por los daños de naturaleza sistémica, es decir, por los daños individuales producidos por no generar la Administración esos cambios estructurales a través de las normas que protegen esa zona. Es otra forma de regular, de educar, de cuidar y de consumir, la que aquí se propone.

El ecofeminismo tiene las respuestas a algunas de las dudas que el Derecho y su aplicación presentan. Cuidar el medio ambiente requiere renunciar a privilegios y éstos son los mismos que han justificado históricamente la opresión de las mujeres para que contribuyeran a un sistema económico creado por el hombre y para el hombre —desde la perspectiva del antroponcentrismo y del adrocentrismo—, privilegios que explican la pobreza y desigualdad, así como un modelo de producción y de consumo que agota el planeta. Una reelaboración igualitaria de la sociedad pasa por incluir los cuidados como valor en el ámbito doméstico y público, cuidados hacia las personas y la naturaleza que conllevan, necesariamente, un reenfoque económico muy diverso al existente, una propuesta que podría ser capitalista y humanista al tiempo. Así se deduce de una u otra manera en las perspectivas holísticas que desarrollan la Ley Europea sobre el Clima, las nuevas normas que afectan a la discapacidad, el Convenio de Estambul o la recién dotación de personalidad jurídica al Mar Menor. Es el momento de lograr un nuevo contrato social. Al fin y al cabo somos lo mismo, parte del maravilloso equilibrio de la vida. En términos de Ferrajoli, necesitamos una Constitución para la Tierra (Trotta 2022). Y este hilo conductor debiera ayudar a reinterpretar el Derecho con el fin de que las próximas generaciones tengan futuro y puedan disfrutar, como mínimo, de los mismos derechos que hemos tenido hasta ahora. Esperemos que, en breve, este reconocimiento legal se produzca para nuestra Albufera.