Cada vez que se renuevan los ayuntamientos estamos acostumbrados a escuchar lamentos sobre la endiablada herencia, sobre todo económica, que reciben los nuevos consistorios. El nuevo ejecutivo de Carlet acaba de dar un paso más allá con una iniciativa sin precedentes. El gobierno municipal que comanda Maria Josep Ortega (Compromís) ha anunciado la apertura de un expediente por desviación de responsabilidad patrimonial a la anterior alcaldesa de la localidad María Ángeles Crespo (PP) al considerarla responsable de un pago de casi 20.000 euros que debe realizar ahora el ayuntamiento por intereses de demora a la empresa adjudicataria de la residencia La Llum de personas con discapacidad psíquica.
La problemática surgió en el año 2011 cuando el equipo de gobierno de la entonces alcaldesa Crespo empezó a demorar el pago de los servicios prestados a la empresa adjudicataria. Exactamente se retrasaron en treinta y una facturas que generaron unos intereses de demora que ahora la compañía reclama al ayuntamiento. En el escrito, la empresa apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en varias ocasiones ha recordado que los intereses de demora se generan de forma automática cuando se produce un impago. El PP (que ostentaba la alcaldía en el momento de los retrasos) aceptó ayer „como también en el pleno municipal celebrado esta semana„ por medio de su portavoz, Laura Sáez, que se produjeron dichos impagos pero defendió que eran fruto de un pacto verbal con la empresa para forzar el pago de la subvención que debía llegar desde la conselleria. Se contaba, según Sáez, con el beneplácito de la empresa adjudicataria «pero sólo verbal, lo que fue un error porque ahora han cambiado de opinión. Lo que no vemos claro es por qué no empezaron a reclamar los intereses de demora desde el principio y sí lo hacen ahora. Me pregunto si es un pacto al que han llegado con la alcaldesa Ortega». El actual ejecutivo niega que existan documentos oficiales que acrediten dicho supuesto pacto verbal, mientras el PP dice que consta en actas. El actual ayuntamiento ha aprobado una modificación de crédito para regularizar la situación de los pagos y evitar que se generen más intereses. «En la anterior etapa se retrasaba el pago consciente de los gastos que se estaban generando, justamente en un momento en que el ayuntamiento presumía de estar saneado y de pagar a hora a los proveedores. Recordamos las numerosas ocasiones en que tanto los técnicos como la oposición instamos al gobierno anterior para que pagara a hora y advertimos de la generación de estos intereses», arguyó Ortega, que anunció la apertura de un expediente para depurar responsabilidades y exigir que el pago de esta deuda «no salga del dinero de los carletinos, sino de quien ha hecho una mala gestión».
La exalcaldesa ve muy curioso que la deuda por habitante en Carlet sea cero a finales de 2015 y ahora quieran abrir una comisión para investigar dichos impagos. «Es sospechoso que la empresa trabaje 10 años para Carlet y no pida nada y lo haga ahora, cuando a nosotros siempre nos dijeron que querían muchos clientes como Carlet porque les pagábamos con regularidad», argumentó Crespo.
El PP insiste en que el actual equipo de gobierno «se dedica únicamente a hacer oposición a la oposición», según Sáez, quien añade: «Nos sorprende mucho la postura ahora de la empresa adjudicataria, parece pactada con la alcaldesa Ortega con el objetivo de buscar un titular. El acuerdo del anterior equipo de gobierno era público y notorio. Esto de buscar responsabilidades en la alcaldesa anterior responde más a una persecución política, porque creemos que no tiene recorrido legal alguno».
El PP también defiende que no existían informes de los técnicos desfavorables al retraso del pago de las facturas. Sáez dijo que la empresa gastó miles de euros recientemente en una fiesta en la residencia a pesar de que el margen de beneficio de la gestión es escaso.