Ocho empresas que se acogieron al Plan de Pago a Proveedores para cobrar deudas pendientes han reclamado al Ayuntamiento de Guadassuar 427.468,21 euros en concepto de intereses de demora tras dos sentencias dictadas en primera instancia por juzgados de Valencia y Sevilla que reconocen el derecho de los acreedores a pecibir estos intereses a pesar de que el plan impulsado por el Ministerio de Hacienda para que las Administraciones sacaran todas las facturas de los cajones estipulaba que las empresas que se acogieran renunciaban a los mismos.
El alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana, reveló este dato en el informe de presidencia que ofreció en el último pleno, en lo que definió como «deudas sobrevenidas» que se suman a las que ya se conocían y llevan de cabeza al ayuntamiento y que, según dijo, corresponden a la etapa en que Guadassuar tuvo el «dudoso honor» de ser uno de los municipios más endeudados de la Comunitat Valenciana. Montañana también explicó que el ayuntamiento no tiene intención de atender esas reclamaciones -de hecho las ha desestimado formalmente- ya que un informe de la abogada general de la Unión Europea en respuesta a la solicitud elevada por un juzgado de Murcia avala que no procede abonar esos intereses ya que el acreedor tenía la posibilidad de elegir entre acogerse al plan o mantener la reclamación de la deuda por otros cauces.
No obstante, y a la espera de un pronunciamiento firme que cree jurisprudencia, ocho empresas se han dirigido al Ayuntamiento de Guadassuar para exigir los intereses de demora antes de que, hoy, 31 de mayo, se cumplan los cuatro años desde la conclusión del Plan de Pago a Proveedores y, con ellos, la posibilidad legal de reclamar estos intereses.
Montañana defendió que su intención al dar a conocer estos datos es que «la gente supiera lo que hay» y, aunque señaló que hablar de herencia no tiene sentido, no dudó en responsabilizar al gobierno anterior (PP) de estas reclamaciones económicas que, según dijo, «básicamente corresponden a las obras de la piscina cubierta y a las del aparcamiento subterráneo», una obra del Plan Confianza que, c0mo adelantó Levante-EMV, el actual gobierno acaba de cerrar para evitar los gastos que genera una infraestructura de la que únicamente se vendieron cinco de las 99 plazas disponsibles aunque, en la práctica, sólo hay un usuario efectivo.
El alcalde repasó que el ayuntamiento llegó a tener un endeudamiento sobre el presupuesto del 189 % con casi nueve millones de euros, que se traducía en 1.500 euros de deuda por habitante. «Teníamos el dudoso honor de ser uno de los pueblos más endeudados y sólo de hace cuatro años hacía aquí ha empezado a disminuir esa deuda», incidió Montañana, mientras recordaba que este parámetro había bajado a 31 de diciembre de 2015 a 800 euros por habitante y que, en el actual ejercicio, gracias al remanente del presupuesto del año anterior, se han amortizado otros 925.000 euros de préstamos, además de la reducción de la carga financiera ya contemplada que han dejado la deuda del ayuntamiento por debajo de los cuatro millones de euros».
Las reclamaciones por importe de 427.000 euros obligan acontemplar unaa reserva de fondos que, de otro modo, se hubieran destinado a otros fines.