La Sindicatura de Comptes valenciana ha constatado varios errores de funcionamiento fiscal en el Ayuntamiento de Favara, después de la realización de un examen pormenorizado de los ejercicios de 2014 y 2015. Aunque los fallos, en su mayoría, están asociados al maremágnum de información y documentos que entra cada año en los consistorios, la sindicatura también ha podido observar datos preocupantes que deben ser, según ella, corregidos con urgencia, sobre todo debido a las altas cantidades demandadas.
Exactamente, en la revisión efectuada de la ejecución del contrato de concesión de la gestión del abastecimiento domiciliario de agua potable, suscrito en 2008, la Sindicatura de Comptes ha observado que a 31 de diciembre de 2015 el saldo pendiente de pago por la concesionaria ascendía a 56.269 euros. Este importe corresponde al canon de vertidos y a la multa impuesta por el ayuntamiento ribereño por la modificación irregular de tarifas. Adicionalmente, el 31 de diciembre de 2016 el ayuntamiento que ahora dirige Oro Azorín desde la alcaldía requirió a la citada empresa 138.150 euros en concepto de tasa de abastecimiento por compra de agua en alta de la Estación de Transformación de Aguas Residuales de Alzira. Este importe se encuentra pendiente de pago. «En consecuencia, el ayuntamiento debe realizar las gestiones oportunas para percibir los referidos importes adeudados por la concesionaria», argumenta la sindicatura.
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha incluido en sus Programas Anuales de Actuación de 2016 y de 2017 la fiscalización de determinados aspectos de la actividad económico-financiera de los ayuntamientos. Favara ha sido ahora la elegida. Otros de los errores advertidos por los técnicos del ente autonómico son menores, pero se exige solucionarlos. Por ejemplo, el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2014 ascendió a 475.420 euros pero debe minorarse en 59.269 euros, dado que el ayuntamiento incluyó en «Ajustes al resultado presupuestario» el remanente de tesorería total de 340.785 euros, en lugar de incluir exclusivamente el importe que financió obligaciones reconocidas, que fue de 281.516 euros. También existe un error en la contabilidad del cálculo del remanente de tesorería total del ejercicio de 2014 por importe de poco más de 22.000 euros.
Remanente de tesorería
Además, también considera que la secretaria-interventora no emitió el informe previsto en el artículo 218.1 del Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) relativo a las resoluciones adoptadas por la alcaldía contrarias a los reparos formulados por dicho órgano y no se aprobaron las rectificaciones anuales al inventario de bienes, ni se efectuaron las comprobaciones a realizar tras las
dos últimas elecciones municipales. El Síndic critica que la aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 no se efectuó dentro de los plazos previstos. Por último, cree que el ayuntamiento no se atendió al orden de prelación de la aplicación del remanente de tesorería.