El Ayuntamiento de la Pobla Llarga ha llegado a un acuerdo con la Diputación de València para devolver en un total de ocho anualidades los 185.000 euros que el órgano supramunicipal reclama por los incumplimientos en el convenio suscrito por el anterior alcalde, Rafael Soler, y el expresidente de la diputación Alfonso Rus para la renovación del equipamiento y mobiliario del cine Monterrey.

El montante inicial de la operación alcanzó los 267.000 euros en subvenciones. Tras la comprobación de las facturas, la diputación pidió el retorno de un total de 245.000 euros, divididos en una partida de 60.000 euros por intereses de demora y otra de 185.000 euros que no estaban justificados. El consistorio ya ha sufragado el primer pago y ahora ha alcanzado un acuerdo para fraccionar la deuda pendiente.

La alcaldesa, Neus Garrigues, explicó ayer que «pagar de golpe toda esa cantidad era un problema para las arcas municipales, por lo que en parte podemos decir que estamos contentos por el acuerdo alcanzado y por haber podido salvar la situación».

También comentó que «en caso de no pagar, la diputación podría haber actuado como Hacienda y haber congelado alguna ayuda. No era un panorama adecuado, por lo que apostamos por esta vía para llevar todo el tema hacia buen puerto».

Además, la primer edil recordó que el anterior alcalde Rafael Soler (PP) está investigado por este caso y que el proceso penal se encuentra en fase de instrucción: «Solo cabe esperar para ver si en sede judicial se aclara de una vez quién es el responsable de todo lo que ha pasado».

Desde el consistorio también se refirieron a la responsabilidad política que podría derivarse del caso. Así, el concejal Ximo Vidal comentó que «el hecho de que el ayuntamiento no tenga este dinero ni disponga del material nos llevó a presentar la pertinente denuncia. Sinceramente, no sé que más ha de hacer un político para asumir su responsabilidad. Parece que lo ocurrido no es suficiente para Rafael Soler, alcalde de la Pobla Llarga cuando se firmó el convenio del cine». A pesar de los problemas, los trabajos en el complejo no se han paralizado. Así, a finales del año pasado se iniciaron las obras para convertir el cine Monterrey en el nuevo museo local de la Pobla Llarga. El proyecto discurre de forma paralela al caso iniciado en sede judicial.