«Sugerimos al Ayuntamiento de Sueca que adopte todas las medidas que sean necesarias, incluidas las presupuestarias y tecnológicas, para adaptar su página web institucional en el régimen de cooficialidad lingüística vigente de la Comunitat Valenciana, de forma que pueda ser visitada tanto en castellano como en valenciano». Una queja ciudadana ha acabado llevando al Síndic de Greuges ha pedir al consistorio ribereño que tenga en cuenta el régimen legal vigente a través de la Constitución española y el Estatut de Autonomía valenciano para ofrecer el portal municipal en las dos lenguas oficiales. Todo como fruto del hecho de que el ayuntamiento que dirige Raquel Tamarit sólo ofrece la información en la web en valenciano.

La primera solicitud realizada por el denunciante ante el consistorio fue respondida por éste con la alegación de que el ayuntamiento «puede usar el valenciano de forma exclusiva en su web oficial, como lengua propia de la ciudad de Sueca, cosa que contribuye al proceso de normalización lingüística». Sin embargo, el Síndic de Greuges recogió la demanda y se ha puesto en comunicación con el servicio lingüístico del consistorio para reclamarle una traducción del servicio digital. Cueste lo que cueste.

En conexión con la Constitución Española, el artículo 6.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana encomienda a la Generalitat Valenciana garantizar el uso normal y oficial tanto del castellano como del valenciano y, de este modo, se instaura un régimen de bilingüismo que impone a los poderes públicos del territorio autonómico o local la obligación de conocer y utilizar las dos lenguas oficiales, sin que pueda prevalecer la una sobre la otra. «No hay duda sobre la manifiesta obligación de las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, de adecuar, desde un punto de vista lingüístico, las vías o los medios de comunicación con los administrados, y facilitar las relaciones mutuas a través de la implantación efectiva y real de un régimen de cooficialidad de ambas lenguas, tal como establecen tanto la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza del Valenciano, y obviamente esta obligación tiene que extenderse a las nuevas realidades tecnológicas», afirma el comunicado del Síndic, que pide hacer constar las razones si el ayuntamiento finalmente rechaza su sugerencia.