La tesorera municipal de Algemesí, Cristina Serrano, ha sufrido un revés en su petición de amparo a la justicia tras la apertura de un expediente disciplinario por la presunta utilización de su despacho y de recursos públicos para la realizacion de atividades privadas. El ayuntamiento también la había acusado de absentismo y de falsificar justificantes para excusar su ausencia. Tras tener conocimiento de dichas irregularidades, el ayuntamiento decidió acceder a su ordenador en busca de pruebas. La funcionaria consideró que esta intromisión vulneraba su derecho a la intimidad y emprendió acciones legales contra el consistorio. Sin embargo, la primera resolución judicial avala la actuación del gobierno algemesinense.
Cristina Serrano, que fue alto cargo del Consell en diferentes gobiernos del PP y que también trabajó a las órdenes de Rafael Blasco, acusó al ayuntamiento de vulnerar su derecho de defensa y de practicar pruebas sin su conocimiento y sin tener competencias para ello. La jueza titular del juzgado de los contencioso administrativo número siete de Valencia, en cambio, considera que la actuación llevada a cabo por la corporación municipal obedece a su obligación de emitir una propuesta razonada sobre los presuntos hechos que se le imputan a la funcionaria.
La jueza no ve acreditada la vulneración del derecho a la intimidad y tampoco encuentra pruebas que acrediten las manifestaciones de la tesorera «puesto que la no intervención de la interesada en la fase previa [de indagaciones] no resulta suficiente para decretar la nulidad de lo actuado dado que no estamos ante un expediente administrativo incoado sino ante una fase previa de averiguación».
«Hacíamos lo correcto»
«Nuestro único interés era reconducir una situación insostenible desde el punto de vista administrativo. No es posible que una trabajadora pública se dedique a gestionar empresas privadas en días y horas de trabajo haciendo uso de recursos y herramientas municipales, que deba infinidad de horas, según recoge su ficha, y que falsifique justificantes para no venir a trabajar. Siempre hemos tenido la certeza de que hacíamos lo correcto y el tiempo y el juzgado nos han dado la razón», defendió ayer la alcaldesa.
Además de instar la nulidad de la tramitación del expediente disciplinario, Cristina Serrano presentó una querella por un presunto delito de revelación de secretos contra la alcaldesa, Marta Trenzano, y el edil Pere Blanco que fue admitida a tramite por el juzgado de instrucción numero dos de Alzira y también elevó una reclamació, igualmente admitida a trámite, ante la Agencia Española de Protección de Datos por la apertura de su ordenador.
Trenzano lamentó ayer la actitud del PP, que no se atrevió a votar contra la apertura del expediente en el pleno pero que, meses más tarde, atribuyó el asunto a una «persecución política» de la alcaldesa a la funcionaria.