La crisis económica dejó algunas imágenes de extrema dureza que parecen formar parte de un pasado ya olvidado. No obstante, muchas de ellas todavía son palpables hoy en día. La supuesta recuperación económica que tanto proclama el poder político y económico apenas se percibe entre las clases más desfavorecidas de la sociedad. El artículo 39 de la Constitución («Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia») y el 47 de la misma cartra Magna («Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación») instan a proteger a los débiles, aunque la distancia entre la teoría y la práctica parece inabarcable para algunos. Vicenta Aranda, vecina del Raval de Algemesí y su familia, dan fe de ello, ya que pueden quedarse en la calle con tres hijos y un nieto.
En 2017 recibió su primer aviso de desahucio y desde entonces su vida se merece cualquier apelativo menos el de digna. «Yo entré a vivir en una vivienda que era de un banco y tras varios problemas me dijeron que me iban a tirar de la casa. Yo insistí en que no me negaba a pagar un alquiler, pero ellos no lo aceptaban. Querían venderla y me dejaron claro que si yo no podía comprarla preferían tenerla en venta y vacía que alquilármela. Yo no podía empeñarme en los 48.000 euros que me pedían», asegura Vicenta.
Un año de frustrante espera
Lejos de resignarse a ser un caso más de exclusión social que figura en los informes como un mero número, hizo todo lo posible por obtener la ayuda necesaria para no quedarse sin un techo. «Empecé a mover cielo y tierra para encontrar una solución. Desde aquel momento he estado hablando con la asistenta social y con el ayuntamiento incluso apelé a la jueza a través de un escrito para que no nos tirase...», comenta al respecto.
Es díficil escapar de las zarpas de la exclusión social, sobre todo por la gran cantidad de trabas que uno se encuentra. Pero Vicenta lo intentó por activa y por pasiva: «Hice todo lo posible para encontrar un trabajo y conseguí uno de jardinera, gracias a un programa del Servef y cuando el ayuntamiento alcanzó un acuerdo con un banco me prometieron un alquiler social», asegura. Pero ni por esas su problema se solucionó. «Hace un año me dijeron que iba a tener una vivienda, pero a día de hoy sigo sin teneral. Me dijeron incluso la calle y la puerta que era... Pues hace poco me dijeron que el piso lo había comprado una empresa buitre para un fondo de inversión», lamenta.
