La Sección Tercera de la Audiencia de València ha revocado por tercera vez el sobreseimiento de la investigación abierta al exalcalde de La Pobla Llarga Rafael Soler (PP) y dos funcionarios municipales por pagar a un proveedor más de mil butacas para la rehabilitación del Teatro Monterrey y material diverso para este mismo edificio a pesar de que, en contra de lo que señalaban los informes técnicos, el mobiliario no había llegado a sus destino.
El auto del tribunal que preside el magistrado Lamberto Rodríguez atiende los recursos contra el archivo de la causa presentados por el Ayuntamiento de La Pobla y la Diputación de València -que financiaba esta compra valorada en 267.000 euros en tres anualidades- con un alegato especialmente duro al rebatir los argumentos de los investigados e incluso con la juez de instrucción que había decretado el sobreseimiento, y sitúa a Soler al borde del banquillo. A diferencia de las anteriores resoluciones que instaban a continuar la instrucción, ésta indica que procede dictar auto de conversión en procedimiento abreviado y recabar los escritos de acusación de cara a la apertura de la vista oral.
«En el nivel indiciario propio de este momento procesal puede afirmarse que el material contratado por el ayuntamiento no se entregó en las fechas informadas -por la arquitecta técnica municipal-, que solo una parte se entregó casi tres años después y el resto nunca se entregó y que, pese a conocer esa falta de cumplimiento y que la recepción del material era requisito indispensable para el pago del mismo, el alcalde, con la asistencia del secretario, procedieron a abonar en su integridad el material facturado con el consiguiente perjuicio par las arcas municipales», detalla el auto, que recuerda que el tribunal ya consideró en las dos resoluciones anteriores que los hechos investigados podían constituir, al menos, un delito de malversación de caudales públicos.
La actual alcaldesa, Neus Garrigues (PSOE), presentó una denuncia en Fiscalía tras comprobar que el material adquirido para la reforma del Teatro Monterrey bajo el mandato de su antecesor no se encontraba en el edificio, todavía inacabado, ni tampoco en dependencias municipales.
El auto de la Audiencia que, fechado el martes 23 de marzo, ordena reabrir el caso por tercera vez corrigiendo la resolución del juzgado de primera instancia nº 5 de Alzira, se remonta al convenio suscrito en julio de 2008 por Soler con la diputación por el que ésta se comprometía a financiar la adqusición de butacas y otros enseres del nuevo teatro en tres anualidades. En base a este convenio, el consistorio realizó un primer pedido de 647 butacas en junio de 2009 por importe de 117.081 euros; contrató con la misma empresa cuatro meses después la adquisición de otras 442 butacas por 79.984 euros y, finalmente, en mayo de 2010, le adjudicó un tercer pedido de material diverso con destino al teatro por importe de 70.000 euros.
El auto repasa que las facturas fueron abonadas con los informes técnicos favorables, en particular de la arquitecta técnica que confirmaba la recepción del material, y el ayuntamiento gestionó el cobro de la subvención otorgada por la diputación. Corría el año 2010.
Después del cambio de gobierno que en 2015 se produjo tanto en el ayuntamiento como en la diputación, técnicos de la corporación provincial comprobaron en sendas visitas realizadas en diciembre de 2016 y enero de 2017 que sólo se había recibido una parte del material. En concreto, 640 respaldos de butaca, 640 asientos y 660 carcasas. Ni rastro de los laterales de apoyabrazos y la fijación al suelo de las butacas.
