La revocación de la presidenta de la Cooperativa Agrícola La Realense en la asamblea extraordinaria forzada por un grupo de socios representa un hecho totalmente insólito en la historia reciente del sector cooperativo valenciano. Se trata de un mecanismo previsto en la ley y los estatutos de cualquier entidad cooperativa, aunque diferentes fuentes del sector, incluso desde la propia federación de cooperativas agroalimentarias, coincidieron en señalar que no recordaban precedentes de un caso similar. Si los ha habido, se han cocinado a puerta cerrada en el consejo rector y no han trascendido. El voto de censura en el caso de la cooperativa de Real llegó a la asamblea, donde la propuesta del sector crítico se impuso por 167 votos a favor y 100 en contra, como informó en exclusiva Levante-EMV.
La situación que vive el campo y las pobres liquidaciones en algunas campañas han provocado momentos convulsos en diferentes entidades. Todavía está reciente -apenas ha transcurrido un año- la dimisión en bloque del consejo de la Copal de Algemesí, y poco después también del presidente, como consecuencia de una mala campaña para convocar elecciones. La marcha voluntaria o la convocatoria de un proceso electoral suele ser el deslance más frecuente tras un episodio de crisis en una cooperativa.
En el caso de La Realense, un grupo de socios que manifestaba representar algo más del 50 % de la actividad cooperativa, entre ellos la mitad del consejo rector, lanzó un órdago a la presidenta, Asunción Durá, a la que reclamó la dimisión tras argumentar una pérdida de confianza, con la advertencia, según relató la propia afectada, de que estaban dispuestos a tramitar la baja en la entidad una vez vencieran los períodos de permanencia obligatoria.
Durá entendió que se trataba de una amenaza que no podía aceptar tras haber sido elegida por los socios y la petición inicial se transformó en una propuesta de revocación o voto de censura que la semana pasada aprobó la asamblea.