Las asociaciones de damnificados Afiva y Apemeda, que tras las inundaciones que sufrió la Ribera en octubre de 1982 agruparon al mayor número de afectados y sostuvieron el largo pleito que, tras cuatro juicios, se resolvió con la sentencia del Tribunal Supremo que declaró la responsabilidad patrimonial de Estado, han convocado a los socios a una asamblea el próximo 14 de diciembre con el objetivo, a punto de cumplirse cuarenta años de la catástrofe, de disolver las asociaciones y decidir el destino de los alrededor de 150.000 euros que, según algunas fuentes, mantienen en el banco.
Ambas entidades han permanecido prácticamente inactivas desde la tormentosa asamblea celebrada en febrero de 2010 en el Gran Teatro de Alzira en la que, con el presunto reparto irregular de fondos entre dirigentes de las asociaciones como mar de fondo, los socios rechazaron la aprobación de la auditoría presentada para justificar la gestión de un remanente que había permanecido oculto sin que se llegara a votar la propuesta de disolución que figuraba en el orden del día. Casi ocho años habían transcurrido desde la anterior asamblea, celebrada en 2002, y más largo ha sido incluso el período posterior sin actividad.
El secretario de Apemeda, Sergio Marín, firma la convocatoria remitida a los 2.186 socios que figuran en los listados de las asociaciones a una junta general que tendrá lugar en el Gran Teatro el 14 de diciembre por la tarde con el objetivo último de liquidar definitivamente las asociaciones y decidir el destino de los fondos de la que es titular.
Marín explicó ayer que si bien Afiva y Apemeda no han tenido en los últimos años ninguna actividad como asociaciones, sí han mantenido un asesoramiento jurídico en asuntos derivados de la pantanada -créditos, herencias,...- y que, una vez se ha normalizado todo, se opta por liquidar las dos entidades.
Sergio Marín detalló que el procedimiento judicial abierto por el presunto reparto irregular de fondos entre directivos quedó archivado sin que siquiera se llegara a celebrar el juicio -una resolución que en su momento no trascendió- y que las asociaciones «conservan unos fondos que no se han tocado en los últimos años y la asamblea debe decidir el destino de ese dinero».
La polémica desatada al conocerse unas grabaciones telefónicas que apuntaban a ese reparto de fondos -los implicados declararon en el juzgado que se pagaron compensaciones por el trabajo realizado durante años de forma desinteresada- reveló la existencia de un remanente de 225.000 euros que había permanecido oculto a los socios de ambas entidades. El dinero procedía de la asignación de 4,6 millones de euros que el Gobierno pagó a través de Afiva y Apemeda como indemnizaciones, una cantidad que también debía servir para que ambas entidades se resarcieran de los gastos soportados en este largo proceso.
Marín comentó que la citada cantidad de 225.000 euros se ha reducido por algunos gastos que han tenido que asumir las asociaciones que, al parecer, conservarían en el banco algo más de 150.000 euros, aunque el secretario de Apemeda evitó ayer concretar el importe.
Sí adelantó que se han barajado dos alternativas, si bien la más viable consiste en destinar los fondos a un fin concreto, que no quiso revelar hasta plantear la propuesta en la junta general, que tiene que dar su conformidad. La otra consistiría en repartir el dinero entre los miembros de las asociaciones o sus herederos. No obstante, señaló que si se tiene en cuenta que un 50 o 60 % de los socios puede haber fallecido y que este sistema obligaría a montar de nuevo una infraestructura con un local, personal y medios informáticos, resulta una solución compleja que, además, consumiría buena parte de los fondos disponibles.
El orden del día también contempla un punto para la elección de un presidente de las asociaciones, un cargo vacante tras el fallecimiento de José Alapont, pero necesario para adoptar el acuerdo de liquidación.